La inseguridad en México se transforma pese a reducción de homicidios

Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos en México bajó 52%, de 86.9 a 42.2, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública procesados a partir de información de las fiscalías estatales. En ese mismo periodo, los delitos de alto impacto disminuyeron 36% y el robo de vehículos con violencia cayó 55% entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.

Al comparar los primeros nueve meses de 2025 y 2026, también se registraron reducciones en lesiones dolosas por arma de fuego (12.6%), robos a transportistas con violencia (26.1%) y robos a negocios con violencia (12.5%). En materia operativa, el Gobierno reportó la detención de 70,500 personas, el aseguramiento de 36,300 armas, la incautación de 569 toneladas de drogas y el desmantelamiento de 2,792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración durante los primeros dos años de la administración. Además, se realizaron 2,170 detenciones relacionadas con la estrategia contra la extorsión.

Sin embargo, la delincuencia continúa en niveles elevados y se adapta a nuevas modalidades. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI reveló que en 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos, la cifra más alta desde 2012, con un aumento del 1% respecto a 2024, aunque la tasa por habitante bajó 1%. Entre 2018 y 2025, las tasas de fraude crecieron 63%, las amenazas 54% y la extorsión 33%. Los robos disminuyeron su participación del 52% al 32% del total de delitos.

En 2025 se estimaron 6.7 millones de extorsiones, un aumento del 37% respecto a 2023, pero el 97.5% de estos casos no fue investigado por falta de denuncias ante el ministerio público. La delincuencia se financia cada vez más con engaños, amenazas e imposición de pagos, afectando la economía y limitando la libertad de trabajo y comercio.

La violencia letal también se ha vuelto más selectiva. La base de datos Votar entre Balas registró un aumento de 144 ataques en 2018 a 575 en 2024, un incremento del 299%. Durante el periodo de 2018 a 2025, 38 alcaldes en funciones perdieron la vida a causa de la violencia, junto con 194 funcionarios municipales con cargos directivos, de los cuales 111 tenían relación con la seguridad. ARTICLE 19 reportó que 62 periodistas fueron asesinados posiblemente por su labor, mientras que México Evalúa identificó preliminarmente 1,587 personas emprendedoras que fueron asesinadas entre 2015 y 2025.

La violencia no solo genera víctimas directas, sino también miedo e intimidación que pueden condicionar decisiones públicas y la vida cotidiana. Aunque los homicidios disminuyen, la capacidad criminal para imponer control territorial y reglas en silencio persiste.

En términos económicos y sociales, la delincuencia causó pérdidas y gastos por 388,700 millones de pesos en 2025, cifra que bajó 1.3% respecto al año anterior. La percepción de inseguridad en las colonias pasó de 50.6% en 2019 a 35.9% en 2026, pero el 74% de la población aún considera insegura su entidad federativa.

Las policías municipales enfrentan condiciones insuficientes para mantener los avances. Solo el 49.9% de los elementos recibe un salario digno y la cobertura promedio de prestaciones de seguridad social es de 33.6%. Esto genera dudas sobre los incentivos para desarrollar una carrera policial profesional y la sostenibilidad de los resultados cuando disminuyan los operativos federales.

Por su parte, las fiscalías acumularon más de 2.6 millones de investigaciones pendientes al cierre de 2024, sin contar archivos temporales. México Evalúa estimó una impunidad promedio del 89.42% en 27 entidades, con solo el 6.28% de los casos llegando a ejercicio de la acción penal. Las detenciones pueden ser temporales, pero sin investigaciones y judicialización efectivas, la reducción de la impunidad es difícil.

El Gobierno reconoce los avances en reducción de violencia y operativos, pero la delincuencia se diversifica y los impactos persisten. Las debilidades en policías y fiscalías ponen en riesgo la continuidad de los progresos en seguridad pública.