Una reciente decisión judicial en Madrid ha puesto en entredicho las prácticas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la tramitación de sanciones por exceso de velocidad. Una juez ha anulado una multa de 300 euros, así como la pérdida de dos puntos del carné de conducir, tras cuestionar la calidad de las pruebas presentadas por la Administración. En su sentencia, la magistrada se refiere a estas pruebas como “impresentables” y condena la “más que defectuosa actuación” de las autoridades.
El caso fue abordado por la Sección 19 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que aceptó un recurso presentado por la empresa DVuelta en relación con una denuncia donde un vehículo fue sancionado por circular a 135 km/h en una zona limitada a 100 km/h. La jueza criticó la calidad de las fotografías aportadas por la DGT, señalando que estas eran “manifiestamente defectuosas” y que no permitían la identificación del vehículo de manera adecuada.
La magistrada fundamentó su decisión en la normativa vigente, que establece criterios específicos sobre la prueba fotográfica que deben cumplir los radares automáticos. Según la Orden ITC/155/2020, estos dispositivos deben proporcionar al menos dos imágenes tomadas en diferentes instantes: una panorámica y otra centrada en la matrícula, asegurando así la identificación inequívoca del infractor. Sin embargo, en este caso, las imágenes fueron consideradas insuficientes para validar la sanción.
El impacto de esta sentencia se extiende más allá de un simple caso aislado. Desde DVuelta, se argumenta que este fallo refleja un “patrón sistemático” en la actuación de la DGT, sugiriendo que muchas multas se imponen con la esperanza de que los afectados no las recurran y opten por el pronto pago, lo que les permite evadir un proceso legal. Este fenómeno podría conducir a cuestionamientos sobre la legalidad y la rigorosidad de la aplicación de sanciones, alimentando así un debate más amplio sobre la justicia en la gestión del tráfico en España.
En un momento en que la transparencia y la correcta aplicación de la ley son vitales, este caso sirve como un recordatorio de la importancia de las pruebas competentes y de cómo un fallo judicial puede tener el poder de poner en jaque a una institución. La situación suscita preguntas sobre las garantías legales en la materia y el derecho de los ciudadanos a defenderse de sanciones que, como se ha evidenciado, pueden estar mal fundamentadas.
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