Ciudad Juárez, Chih., La organización civil Movimiento Malinche denunció que el gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván despidió a por lo menos 124 trabajadores del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres). Quienes lograron construir una política integral para la prevención del embarazo adolescente y desarrollo de espacios laborales en el ámbito público; además, fueron capaces de atender y sancionar la violencia sexual.
El organismo civil explicó que los trabajadores cesantes “tenían una formación especializada en la implementación de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres”.
Destacó que, a pesar del continuo recorte presupuestal durante la administración del también panista Javier Corral (2016-2021). Lograron construir y fortalecer los Centros de Atención para la Violencia contra las Mujeres (Cavim). Espacios en los que más de 61 mil 500 menores y adultas tuvieron acceso gratuito a servicios sicoterapéuticos, jurídicos y de trabajo social.
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Acusó que, a pesar de la especialización del personal, no se respetaron sus derechos laborales y el organismo ni siquiera cuenta con un plan de transición “capaz de garantizar los derechos de las trabajadoras y la continuidad en la prestación de servicios de los que dependen la salud, seguridad y autonomía de las mujeres atendidas, así como de sus familias y comunidades”.
El movimiento manifestó su solidaridad con las trabajadoras y usuarias de los servicios públicos y gratuitos ofertados por Ichmujeres, para acompañarlas en sus acciones de reivindicación de sus derechos laborales.
A Margarita Blackaller Prieto, nueva directora del Ichmujeres, y a la gobernadora María Eugenia Campos les exigieron “la construcción de un plan integral para el fortalecimiento del instituto, particularmente de los 12 Cavim, estipulados en el marco legal y en la declaratoria de alerta por violencia de género para la entidad”.
El Movimiento Malinche añadió que busca avanzar en la creación de servicios especializados para garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las chihuahuenses que carecen de él, como grupos transgénero, indígenas, jornaleras y mujeres en condición de migración o desplazamiento forzado.
