John Maruot, sursudanés de 25 años, es uno de los supervivientes de la tragedia del pasado 24 de junio, en la que al menos 23 migrantes perdieron la vida, la mayoría aplastados o asfixiados, mientras intentaban saltar la valla de Melilla para entrar en España.
Lleva ocho meses en Marruecos tras vagar cinco años por el norte de África desde que salió de Yuba, la capital de Sudán del Sur. Mira a uno y otro lado con inquietud mientras relata su peripecia en un parque de Rabat. Dice percibir un profundo rechazo de los paseantes en ese distrito acomodado de la capital marroquí. “Los marroquíes no nos quieren aquí”, remacha.
John y Osmán aseguran que la policía española les devolvió a Marruecos el 24 de junio, tras haber recorrido decenas de metros en territorio español al otro lado de la valla que rodea la ciudad de de Melilla. El primero recibió golpes en la cabeza. El segundo se hirió en una pierna. El tercero del grupo, Yamal, había sido interceptado por los gendarmes en territorio marroquí.
“Los vecinos de los barrios populares son los únicos que nos ayudan. Nos traen algo de comida y ropa de abrigo”, agrega John, mientras sus compañeros asienten. Dejó a sus seis hermanos menores en un campo de refugiados en Uganda —su madre murió y de su padre no tiene noticias— antes de emprender un peligroso periplo por el norte de África: Egipto, donde permaneció tres años, Libia y Argelia. “Se ofrecían a embarcarnos para cruzar hasta Europa, pero no teníamos dinero”, rememora. “Y otros subsaharianos nos revelaron que las mafias les habían dejado en tierra tras haberles cobrado miles de euros”.
El miedo se refleja en sus miradas. Caminan muy rápido y evitan detenerse mucho tiempo en el mismo lugar. Temen ser siempre los primeros en ser identificados si pasa la policía. “Si en tus papeles pone que eres sudanés, estás acabado”, lamentan.
La tragedia de la valla de Melilla
La Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR han recordado a los Estados tras la tragedia de la valla de Melilla la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los migrantes. Ambas organizaciones subrayan la importancia de encontrar “soluciones duraderas” para las personas desplazadas para prevenir los “intentos de paso peligrosos”.
El Gobierno de Marruecos define como violentos a los grupos de inmigrantes sudaneses. Los acusa de haber empleado “técnicas de guerra” en la avalancha del 24 de junio y de estar “habituados a los enfrentamientos”. El Ministerio del Interior marroquí consideró el suceso como un “acto premeditado de una violencia no habitual”. El tránsito de migrantes en situación irregular, de jóvenes procedentes de países en conflicto o con guerras recientes, es visto por Rabat como un problema de “seguridad pública”.
“Marruecos no va a cambiar su política de firmeza en la contención de la inmigración irregular porque ha recibido el respaldo de la Unión Europea y de España para que controle las fronteras del sur de la UE, sobre todo con Ceuta y Melilla”, analiza Khadija Inani, responsable del área de inmigración de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). “En nuestra organización pensamos que se va a instrumentalizar la cuestión de la inmigración para demandar más apoyo financiero de la UE”, agrega. “No hay voluntad real de cambio. Marruecos no tiene un sistema legislativo de asilo, a pesar de que ha ratificado la Convención de Ginebra [de 1951 sobre refugiados y demandantes de asilo]. Y los refugiados van a intentar siempre ir hacia el norte para acogerse a ese derecho”.
Mohamed Amín Abidar
Presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, puntualiza que los presos juzgados por el salto a la valla de Melilla han sido 96, 28 de ellos por el Tribunal de Apelaciones, para las acusaciones más graves, y el resto por el de Primera Instancia. Suman 300 años de cárcel en total. “En lugar de juzgar a los traficantes de seres humanos, se ha procesado a los inmigrantes”, cuestiona. “Siempre hemos defendido que los demandantes de asilo deben ser tratados como víctimas y no como delincuentes. En estos procesos no se han respetado los derechos de los demandantes de asilo y de los inmigrantes”, afirma Abidar.
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