El Ministerio del Interior plantea incluir, en la nueva ley de personal de la Guardia Civil que ultima, una disposición adicional para rehabilitar a los cuatro agentes que fueron expulsados hace 25 años por promover el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), según han confirmado a Columna Digital varias fuentes del instituto armado. Se trata del sargento José Morata Gargallo, el cabo Manuel Rosa Recuerda, y los guardias José Carlos Piñeiro González y Manuel Linde Falero, este último ya fallecido. La expulsión de todos ellos se materializó de manera definitiva en 1997, al considerar que su implicación en las actividades del SUGC, creado en mayo de 1986, suponía entonces una conducta gravemente contraria a la disciplina militar.
Este sindicato protagonizó a finales de los años 80 y principios de los 90 ruedas de prensa en las que participaban agentes con tricornio encapuchados en las que reivindicaban mejoras laborales y la desmilitarización de la institución. Cerca de 40 de sus integrantes fueron detenidos aquellos años y muchos ingresaron en prisiones militares acusados de sedición, aunque finalmente la justicia sobreseyó las causas contra ellos. De los expedientes disciplinarios que abrió en paralelo Interior, se archivaron la mayoría por defectos formales y, de los que prosperaron, solo los de estos cuatro agentes concluyeron con la expulsión del cuerpo. En la actualidad, la ley aún prohíbe a los guardias civiles el derecho de sindicación ―del que están privados, entre otros, también los militares y los jueces―, pero desde 2007 tienen reconocido el derecho de asociación con fines profesionales.
La medida planteada ahora por Interior será estudiado este jueves en la reunión del Consejo de la Guardia Civil, un órgano colegiado de carácter consultivo integrado de forma paritaria por los representantes de las asociaciones profesionales de los agentes y la administración, y en la que previsiblemente será aprobada. Se iniciará entonces el proceso para que, tras recibir el visto bueno del Ministerio de Defensa, de quien depende también el instituto armado, se envíe al Congreso para comenzar el trámite parlamentario para la aprobación definitiva de ley que incluye la disposición. Todo ello puede llevar cerca de un año, explican fuentes de Interior.
La iniciativa tiene un relevante carácter simbólico y recoge una histórica reclamación de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y, en especial, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC, heredera del SUGC). Sin embargo, los efectos prácticos de la misma serán muy limitados, ya que los cuatro agentes, por la edad, pasarán a la situación de retiro y no se reincorporarán a ningún puesto en el instituto armado. Tampoco cobrarán las nóminas que les hubiera correspondido durante estos 25 años, aunque la medida sí afectará al cálculo de las pensiones que reciben en la actualidad, según detalla el texto de la propuesta al que ha tenido acceso Columna Digital.
“Para mí, lo más importante es poder decir de nuevo que soy guardia civil”, señala el sargento Morata, que en la actualidad tiene 69 años. Morata fue encarcelado durante 19 días tras ser detenido en junio de 1990 cuando era secretario nacional del SUGC. Su compañero Piñeiro, que ahora tiene 65 años, pasó más tiempo en prisión preventiva. “Un mes y pico”, recuerda ahora. Piñeiro, que cuando fue arrestado estaba destinado en Columna Digital Vasco en los años de mayor actividad terrorista de ETA, considera la decisión de Interior “un acierto. No solo es un reconocimiento a los cuatro, sino a todos los guardias civiles que en aquellos momentos intentamos mejorar las difíciles condiciones en las que trabajábamos y para democratizar el cuerpo”, añade.
La redacción de la disposición señala que los agentes y, en el caso del agente ya fallecido, sus familiares tendrán “un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma” para solicitar su rehabilitación. Esta incluirá el reconocimiento del empleo “que les hubiera correspondido por antigüedad” de no haber sido expulsados. En el caso de Morata, esto supondrá su ascenso a subteniente, según detalla él mismo. Pese a las limitaciones, Pedro Carmona, portavoz de la AUGC, aplaude la iniciativa, que califica de “acto de justicia” hacia cuatro guardias civiles cuya actuación en aquellos años considera clave para “la consecución de avances en las condiciones de vida, profesionales y económicas” que tienen en la actualidad los agentes.
No es la primera vez que el Consejo de la Guardia Civil realiza un gesto hacia estos cuatro agentes. En junio de 2021, este órgano aprobó un texto en el que se hacía “una mención para los guardias civiles que, desde finales de los años 70 y hasta principios de los 90, propiciaron que hoy el ejercicio de este derecho [de asociación] sea una evidente mejoría para el funcionamiento de la Institución”. En aquel escrito, en el que se les citaba por su nombre, se les reconocía “el coste personal y profesional que asumieron”, aunque dejaba claro que no se pretendía “revisar lo sucedido, ni cuestionar el tratamiento que en aquellos momentos recibieron los hechos que protagonizaron” y que acabaron con su expulsión.
Anteriormente, el Congreso de los Diputados ya había aprobado tres iniciativas parlamentarias en los años 2009, 2013 y 2017 (dos proposiciones no de ley de UPyD y una de Ciudadanos) en las que se pedía la rehabilitación de todos ellos, pero que no se materializaron en ninguna medida legislativa.
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