En la casa de Soledad Delgado hay un solo celular. Ella tiene una hija que acude a la escuela secundaria y un hijo que está en primaria. El año pasado, para poder estudiar virtualmente, ambos necesitaban un dispositivo porque el horario de clases era simultáneo. En ese contexto, Delgado tuvo que tomar una decisión: “No me quedó otra que priorizar a la más grande y darle el teléfono a ella para que se conectara a las clases”, dice la mujer de 32 años, que vive en Villa Fátima, un barrio popular ubicado al sur de Buenos Aires.
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El problema no se concentra en los dispositivos. El acceso a la conectividad también es una odisea para los vecinos de Villa Fátima. Las compañías que proveen conexión a internet en Buenos Aires abandonaron la zona por falta de rentabilidad. Algunas pocas familias tienen el servicio, pero si se rompe algo, no consiguen que el equipo técnico se acerque a repararlo.
Delgado comparte internet con su vecina, que tiene seis hijos, y su cuñada, que tiene otros siete. El servicio es inalámbrico y entre todos usan 30 megas. Eso les cuesta 3.000 pesos argentinos (28 euros). El acceso se lo compran a un chico del barrio, que lo distribuye informalmente. En el caso de los prestadores de wifi, en general son pequeños emprendedores los que reproducen de la ciudad, pero en los barrios informales y sin la infraestructura adecuada. La conexión termina siendo cara, mala e irregular.
“Se vende internet para muchas personas y finalmente no les alcanza para conectarse. Por eso, muchas veces se recurre a los datos móviles de los celulares, que es más caro y la señal es peor”, comenta Ariel Verón, vocero de la Asociación civil El Hormiguero, que trabaja en Villa Soldati, zona que comprende a Villa Fátima.
De acuerdo con el estudio Efectos de la pandemia COVID-19 en los barrios populares, del Centro de Investigación Social de TECHO Argentina, si bien el 79,8% de las personas encuestadas declararon tener acceso a internet a través de wifi o datos móviles, el 63% consideró que la calidad de la señal es mala. La educación no es en el único ámbito en el que la pandemia evidenció que la conectividad es esencial. Para trabajar, hacer trámites, pedir turnos médicos, tener un momento de ocio, relacionarse con otros se requiere una buena conexión a internet.
Delgado trabaja por hora acompañando a víctimas de violencia de género de su barrio. “Durante la pandemia, fue difícil reunirse virtualmente porque no todas tienen dispositivos o internet. Tenía que llamarlas o ir casa por casa para conversar a través de la ventana”, cuenta. También, tuvo que entregar folletos para transmitir la idea a mujeres del barrio de que no estaban solas y allí brindaba un número de teléfono para que se comunicaran.
Durante el 2020, la Defensoría del Pueblo recibió más de 300 denuncias vinculadas a problemas de acceso a las Tics por parte de vecinos de las villas de la ciudad. “La propia fisonomía de los barrios, con pasillos angostos y hacinamiento, resta fluidez, velocidad, estabilidad a las conexiones. Pero además de su mala calidad, el servicio de internet suele ser más caro para ellos que para quienes viven en los demás barrios de la ciudad”, dice Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amor explica que el precio del servicio sufre grandes oscilaciones, dependiendo de la zona y del proveedor. A esto se le suma el costo de instalación, que no es menor, y que en el resto de la ciudad suele estar bonificado. En el caso de acceso a través del uso de datos de los celulares, el servicio suele ser marcadamente más costoso que el servicio domiciliario. Pero, además, el tipo de plan de celular que se suele utilizar en las villas, de tipo pre–pago, eleva los costos adicionales en datos.
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