Este martes la Fiscalía iraní Masud Shtayasi, ha declarado que el país iraní acusa a dos ciudadanos franceses y a un belga de espionaje y de trabajar contra la seguridad nacional del país, hasta el momento se desconoce la identidad de los imputados, así como la fecha y lugar de su detención. Desde la muerte bajo custodia policial de la mujer iraní kurda de 22 años Mahsa Amini, quien fue arrestada por la policía moral que hacía cumplir las leyes obligatorias del código de vestimenta en Irán, hace tres meses, la República Islámica ha acusado a adversarios extranjeros de fomentar los disturbios.
El régimen iraní mantiene encarcelados a decenas de ciudadanos de la Unión Europea y de otros países occidentales, entre ellos, dos españoles, el madrileño Santiago Sánchez, de 41 años, arrestado el 2 de octubre, y la gallega de 24 años Ana Baneira, cuya detención se conoció el 10 de noviembre.
Center for Human Rights
La organización Center for Human Rights in Iran (CHRI), con sede en Nueva York, cifraba el pasado mes de octubre en al menos 20 los occidentales presos en el país, de los que 14 tienen doble nacionalidad, por lo que Teherán no les reconoce la condición de extranjeros ni permite que se les preste asistencia consular. El 30 de septiembre, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional iraní informó de la detención de otros nueve europeos.
La lista del CHRI tampoco incluye a los 40 extranjeros cuyo arresto reveló el 22 de noviembre el portavoz del Poder Judicial iraní, sin detallar sus nacionalidades. Los casos conocidos de ciudadanos de la UE afectan a Francia (9), Suecia (5) Alemania (4), Austria (2), España (2), Bélgica (2), Holanda (1) y Polonia (1). Además, hay estadounidenses, canadienses, británicos y suizos.
Fuentes diplomáticas europeas aseguran que las acusaciones contra los europeos detenidos son casi siempre falsas y que se trata de “rehenes con los que Teherán presiona para frenar la imposición de sanciones”; por las violaciones de derechos humanos o por el suministro por parte de Irán de los drones que usa Rusia para atacar Ucrania.
Sin una defensa justa
Amnistía Internacional ha alertado de que las autoridades iraníes han pedido ya la pena de muerte para al menos otras 26 personas durante lo que la organización califica de “juicios falsos concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular”. En el mes de diciembre han ejecutado a Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años y Mohammad Qabadlo, de 22 años. Según Amnistía, a todos los condenados a muerte se les ha negado el derecho a una defensa adecuada y el acceso a letrados de su elección.
Según la organización iraní de derechos humanos en el exilio, HRANA, hasta el 26 de diciembre, habían muerto 507 manifestantes, entre ellos 69 menores, en las protestas. Esta organización calcula que más de 18.500 manifestantes han sido detenidos.
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