Isabelle Lonvis-Rome: “Para tratar bien la violencia de género hay que repetir que no es como las demás” | Sociedad

Isabelle Lonvis-Rome fue la jueza más joven de Francia, en 1986, con 23 años. Y nunca más se separó de la justicia: 36 años pegada a la prevención de los delitos, al ámbito penal y a la protección judicial y social de víctimas, sobre todo, de la violencia machista. De los juzgados de Lyon en los años noventa, a presidenta de los tribunales de lo Penal de Nanterre, Versalles, Pontoise y Chartres en la década de 2010; de ahí a ser nombrada en 2018 alta funcionaria para la igualdad en el Ministerio de Justicia y desde el pasado julio, ministra de Igualdad. Lonvis-Rome sustituyó a su predecesora, Élisabeth Moreno, en una cartera que no le es ajena ni lejana. Lleva años en asociaciones que ayudan a mujeres maltratadas, refugiadas, solicitantes de asilo, personas detenidas, y es autora de varios libros, entre ellos, Control y violencia en la pareja y Libertad, igualdad, supervivencia.

A finales de octubre se sienta en el salón de la Casa de Francia, en Madrid, para hablar de cómo están avanzando en su país en protocolos policiales, en políticas feministas y en medidas para paliar unas cifras de violencia que dejaron el pasado año al menos 121 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. No es la primera vez que viaja a España, ya lo hizo cuando trabajaba para el Ministerio de Justicia para conocer de cerca el funcionamiento de los protocolos españoles en torno a la violencia machista.

En octubre vino para acudir a la sexta conferencia regional Mujeres por el Mediterráneo. Y es hacia España donde la ministra francesa asegura que miran desde hace años para tomar y desarrollar sus decisiones. Ahora, ya en la recta final de noviembre, precisamente la ley del solo sí es sí, en vigor desde el 7 de octubre, ha desatado un terremoto político, jurídico y social por el impacto que ha tenido la primera consecuencia visible de la norma: las rebajas en las penas como consecuencia de la reforma del Código Penal que conllevó la legislación, ya que los reos tienen derecho a que sus penas se revisen cuando una nueva ley las rebaja si resulta más favorable para su caso. Lonvis-Rome no hace declaraciones al respecto, pero su idea general sobre la política española “en la lucha contra la violencia sexual y de género” es que se trata de “una política inspiradora y protectora para las víctimas”.

En esa línea, Francia trabaja como lo hizo España hace casi dos décadas, con la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género, en 2004, hacia una mayor especialización: “Es necesario que todos los actores que intervienen en todos los eslabones de la cadena [policial, judicial] estén bien capacitados. Para tratar bien la violencia de género hay que repetir que no es como las demás, y eso es lo que hizo muy bien España”.

Una concepción del maltrato que ha llevado cierto retraso en su país, donde todavía de vez en cuando los feminicidios se denominan crímenes pasionales en algunos medios de comunicación y en la sociedad, y el término violencia doméstica o conyugal sigue siendo más usado que el de violencia machista. Ahora, dice, “hay una conciencia masiva de la gravedad de la violencia sexual y de género, y de la especificidad de ambas”, en particular la cometida dentro de la pareja.

Esa conciencia empezó a extenderse de forma más homogénea y a nivel político en 2019, cuando ante la elevada tasa de asesinatos de los últimos años el Gobierno francés abrió un periodo de diálogo que duró casi tres meses en los que debatió con policías, jueces, médicos, trabajadores sociales, autoridades locales y asociaciones de mujeres cuáles debían ser las líneas a seguir en esta materia. Y anunciaron también una batería de medidas de “urgencia” en materia de protección de víctimas y acompañamiento judicial; entre ellas, nuevas plazas en casas de acogida para víctimas de violencia machista o fiscalías especializadas.

Lonvis-Rome cree que Francia ya “ha entendido que esta violencia no es un asunto privado, sino que atañe a la sociedad en su conjunto” y de ahí los “esfuerzos sin precedentes” que asegura que se está haciendo desde el Gobierno francés desde hace unos años.

Habla de varias cuestiones, algunas nuevas y otras que se activaron o anunciaron hace tiempo. Entre ellas de la formación de policías y gendarmes, “ya hay 160.000 funcionarios formados”; del apoyo a las víctimas ante esos servicios policiales “con la presencia de trabajadores sociales [tienen alrededor de 400 y calculan tener 600 para 2025] que orientan a las víctimas cuando acuden a la comisaría”; de “trabajo en la protección de las víctimas”, por ejemplo, con la multiplicación de teléfonos de asistencia, “teníamos 300 en 2019 y ya son 4.000″; de mejoras en el funcionamiento de los brazaletes de protección para mujeres, inspirados en las pulseras españolas; y la ampliación de las plazas de alojamiento de emergencia para las mujeres, de las que el 80% se han creado en los últimos cinco años, tienen 9.000 actualmente, “10.000 para final de año, y 11.000 en 2023″, calcula.

También apunta a “duplicar” el número de investigadores especializados a nivel policial: “La primera ministra [Élisabeth Borne] encargó a dos parlamentarios la misión de evaluar el tratamiento legal actual de esta violencia y hacer todas las recomendaciones útiles para tener una justicia que tenga más en cuenta la especificidad de esta violencia teniendo en cuenta a la víctima”.

Lonvis-Rome recuerda que sus 30 años de ejercicio profesional, lo que ha “podido ver en España” y su contacto con asociaciones durante décadas hacen que dé su “apoyo total a la idea de justicia especializada”, que en España se articula a través de los juzgados específicos de violencia sobre la mujer, con distintas legislaciones como la ley de 2004 contra la violencia de género o la nueva ley de libertad sexual, o con sentencias con perspectiva de género que van sentando jurisprudencia en casos por ejemplo de violencia sexual.

Esas tres décadas de experiencia a las que hace referencia la ministra también han hecho que ponga sobre la mesa una propuesta que ayude a las víctimas a salir de la espiral de violencia. “He presidido numerosos juicios por feminicidio y muchas veces he observado que es extremadamente difícil para una mujer dejar a su pareja violenta por dos razones. Porque está bajo su influencia y la mayoría de las veces la ha humillado y devaluado tanto que se siente como un trapo. Y cuando te sientes como un trapo no es fácil volver a ponerte de pie. Y luego, que si tienen dificultades, si no tienen autonomía económica, es muy complicado dejar a la pareja”.

Así, la idea de Lonvis-Rome es la activación de medidas sociales en coordinación con otros ministerios para apoyar a las víctimas y facilitarles escapar de la violencia: “Ya sea apoyo con una asignación si no tiene ingresos, ayuda con el cuidado de los hijos, la reincorporación al trabajo o a la formación, o apoyo psicológico”. Ese proyecto pasa también por diferenciar según dónde vivan las mujeres víctimas, en territorios urbanos o rurales en los que, dice, la casuística es distinta: “Solo podremos evitar la violencia de género comprendiéndola y ahondando en sus características”.