Un tribunal israelí ha decidido prorrogar hasta el próximo domingo la detención de dos activistas detenidos la semana pasada frente a las costas de Grecia, en un incidente que ha captado la atención internacional. Saif Abu Keshek, ciudadano español, y Thiago Ávila, originario de Brasil, comparecieron ante un tribunal en Ascalón, a unos 60 kilómetros de Tel Aviv, en una vista que ha elevado las preocupaciones sobre sus condiciones de encarcelamiento.
Ambos activistas fueron arrestados mientras participaban en la flotilla Global Sumud, cuyo objetivo era desafiar el bloqueo naval israelí de la Franja de Gaza. Según la abogada de derechos humanos Hadeel Abu Salih, el tribunal les otorgó un plazo adicional de seis días para que la policía tuviera más tiempo para interrogarlos. “Este aplazamiento es un intento claro de prolongar la detención sin pruebas concretas”, aseveró, denunciando que los activistas sufren lo que calificó de “tortura psicológica” durante su detención, acusaciones que las autoridades israelíes han rechazado.
La Justicia israelí ya había validado una primera prórroga de dos días el domingo anterior. Israel ha acusado a Keshek y Ávila de tener vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás, algo que ambos negaron rotundamente. Adalah, la organización que representa a los detenidos, denunció que las condiciones de detención son deplorables, lo que ha llevado a la preocupación por su salud física y mental.
Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Los gobiernos de España y Brasil han exigido la liberación inmediata de los activistas, criticando la legalidad de su arresto. El Ministerio de Relaciones Exteriores español calificó la medida como “ilegal” e “inaceptable”, demandando que se presenten pruebas concretas de las acusaciones que se les hacen.
La flotilla, que originalmente contaba con alrededor de 50 barcos, busca llevar ayuda humanitaria a Gaza, una región con acceso severamente limitado. La situación allí es crítica, y los organizadores de la flotilla afirman que su misión es romper el asedio impuesto por Israel.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí ha vinculado a los activistas con la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), una organización que enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, el cual sostiene que actúa en nombre de Hamás.
A medida que se acerca la nueva fecha de la audiencia, el caso de estos dos activistas continúa generando una oleada de denuncias sobre la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino y pone de relieve las tensiones políticas en un contexto ya de por sí complejo y delicado. La comunidad internacional seguirá de cerca los acontecimientos, en espera de un desenlace justo y transparente.
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