En los últimos días, Israel ha obligado a decenas de cooperantes internacionales a abandonar el país al poner trabas en la emisión de visados. Las organizaciones humanitarias que operan en el territorio señalan que esta medida afectará gravemente el desarrollo de proyectos y programas que tienen lugar allí.
La situación se ha vuelto especialmente crítica para organizaciones de defensa de derechos humanos que trabajan en la zona de conflicto palestino-israelí. Si bien es cierto que los permisos ya eran complicados de conseguir, las nuevas medidas las han dificultado aún más. Además, el proceso de renovación de visados se está demorando considerablemente, lo que puede provocar la evacuación de personal calificado y formado en estas problemáticas.
Fuentes cercanas a las ONG que operan en el territorio señalan que estas medidas son una clara represalia por la críticas y denuncias realizadas sobre el tratamiento que el estado judío ofrece a los palestinos. En este sentido, consideran que el gobierno israelí está ejerciendo una presión sin precedentes a la hora de tratar de silenciar la opinión de estas organizaciones.
Por su parte, las autoridades israelíes negaron cualquier tipo de represalia y destacaron que la nueva política de visados responde a una mayor rigurosidad en la gestión de trámites migratorios. Sin embargo, la situación sigue siendo un preocupante foco de tensión que puede acabar minando el trabajo de organizaciones que llevan años trabajando por la paz y la justicia en la zona.
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