Un comité penitenciario israelí ha rechazado este martes la petición de libertad condicional para la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, condenada el pasado 17 de noviembre por un tribunal militar a 13 meses de cárcel tras haber aceptado un acuerdo judicial de culpabilidad a fin de ver reducida su condena, según han informado fuentes diplomáticas.
En contra de la práctica habitual en la justicia civil israelí de recortar el tramo final de cumplimiento de la pena, el comité penitenciario ―integrado por un juez, una asistente social y un psicólogo en Nazaret (norte de Israel)― ha decidido por dos votos a uno (el del magistrado) que Ruiz debe permanecer en prisión hasta mediados de mayo y cumplir íntegramente su condena. Esta resolución verbal no estaba en principio motivada. Las alegaciones de la defensa sobre la edad de la cooperante española, de 63 años, y las enfermedades crónicas por las que se medica no se han tenido en cuenta.
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El abogado de Ruiz, Avigdor Feldman, anunció que va a recurrir la resolución del comité penitenciario para que un tribunal de distrito ordinario decida la semana que viene en apelación sobre la petición de libertad condicional. Juana Ruiz asistió a la reunión del comité en Nazaret, celebrada a puerta cerrada aunque con la asistencia de un representante de la Embajada de España en Tel Aviv. El pasado día 2, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, telefoneó a su homólogo israelí, Yair Lapid. “Su caso es muy importante para la opinión pública española. Aquí nadie se cree que sea una terrorista”, le informó el jefe de la diplomacia española.
El tribunal militar de Ofer (Cisjordania) sentenció a la cooperante española a 13 meses de cárcel y a una multa de 50.000 shéqueles (unos 14.000 euros) por los delitos de “prestar servicios a una organización ilegal” y por “tráfico de divisas en Cisjordania”, dentro de la ONG sanitaria palestina en la que trabajaba. Ruiz aceptó declararse culpable de ambos cargos, en el marco de un acuerdo con la Fiscalía militar que eliminó otras tres graves acusaciones por delitos ligados al terrorismo, para ver rebajada su pena y acortar un proceso que la forzaba a permanecer largo tiempo entre rejas.
La familia de Ruiz confía en una pronta liberación, si es factible antes de que se cumpla en mayo la pena de privación de libertad fijada en la sentencia. El abogado Feldman ha insistido en que el pase a la situación de libertad condicional, mediante la reducción del tercio final de su condena, es una práctica habitual en el sistema procesal penal israelí. “A la vista del tiempo que ha permanecido detenida, debía ser liberada en unas semanas”, anticipó el letrado tras conocer el fallo.
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La defensa pidió también a la jurisdicción castrense que aclarase que su clienta no reconoció en ningún caso su colaboración con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), calificado como terrorista. Dos ministros de Israel, el propio Lapid y el titular de Defensa, Benny Gantz, se ampararon en el acuerdo judicial que suscribió la cooperante española para incriminar a seis ONG palestinas que han sido recientemente ilegalizadas. En un comunicado conjunto, ambos ministros afirmaron que Ruiz “admitió haber recaudado fondos para el FPLP” y “confesó que [ese partido] utilizaba como tapadera a las ONG”.
El tribunal militar, sin embargo, puntualizó durante la lectura de la sentencia que el caso de Ruiz no estaba relacionado con el de las ONG proscritas. “Según el veredicto [de culpabilidad] que fue aceptado por la procesada, (…) los hechos mencionados en el capítulo de antecedentes del acuerdo no le son atribuibles”, precisó una magistrada.
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María Rishmawi Ruiz, hija de la cooperante y de su marido, el palestino Elías Rishmawi, dijo entonces a los medios que siguieron la vista en el tribunal militar: “¿Cómo es posible difamar en público la reputación de alguien para intentar justificar la criminalización [de ONG defensoras] de los derechos humanos? Me parece bastante vil”.
“Todo en este caso es político”, concluyó el letrado Feldman, abogado de Ruiz, en sus declaraciones tras la sentencia. “Se ha intentado manipularlo para justificar la ilegalización de las ONG palestinas defensoras de los derechos humanos”, apostilló antes de reclamar a ambos ministros israelíes que se retracten.
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