El presidente brasileño Jair Bolsonaro considera que los crímenes contra la humanidad y el resto de los delitos de los que formalmente le acusó este martes por la noche una comisión de investigación del Senado no son un problema personal sino de todos los brasileños. Para el militar retirado, la investigación parlamentaria “es una payasada”, según ha declarado este miércoles. Y ha acusado a los senadores de ahuyentar inversores, turistas y causar estragos a la economía. Fiel a su estilo, para el mandatario no hay mejor defensa que un buen ataque.
El documento de casi 1.300 páginas en el que se sustentan las acusaciones ha comenzado su andadura hacia los tribunales. Los senadores, que la noche del miércoles aprobaron el informe final por siete a cuatro votos, lo han entregado en mano al fiscal general del Estado, que tiene en principio 30 días para analizarlo. También tienen previsto llevarlo al Tribunal Supremo.
Preguntado en una entrevista, Bolsonaro ha respondido así: “¿Qué hace la comisión? La gente no se lo cree, pero causa estragos. Ahí fuera la imagen de Brasil es pésima (…) Creen que maté gente en la covid”. La investigación parlamentaria cifra en 120.000 las muertes que se podrían haber evitado con una estrategia racional apoyada en la ciencia. Capitán del ejército en la reserva, Bolsonaro se considera víctima de un ataque en su calidad de “general al frente del combate”.
Su principal adversario político, el izquierdista Lula da Silva, ha mantenido silencio, aunque este martes Bolsonaro haya recibido el apoyo del exmandatario Donald Trump. “Brasil tiene suerte de tener a un hombre como Jair Bolsonaro trabajando para ellos. ¡Es un gran presidente y nunca defraudará a la gente de su país!”, le escribió minutos después de la votación (tras diez horas de debate en el Senado). Fue un mensaje difundido a la antigua, en correo electrónico, porque las cuentas en redes del estadounidense están suspendidas.
Al jefe del Estado se le acusa de no haber asumido sus responsabilidades para afrontar la pandemia y de ser insensible ante las 600.000 víctimas. Con los 100.000 primeros muertos, espetó: “Tenemos que dejar de ser un país de maricas”.
La investigación parlamentaria sostiene que él y su equipo adoptaron una estrategia de contagio masivo para alcanzar la inmunidad de rebaño rápido y evitar el parón económico, retrasaron la inmunización al rechazar las primeras ofertas de vacunas y promovieron supuestas curas milagrosas, entre otras acusaciones. Varios ministros y exministros y los tres hijos mayores de Bolsonaro están también entre los 79 señalados. Las conclusiones incluyen una batería de propuestas legislativas.
El fiscal general, Augusto Aras, es quien decide si denuncia o no al mandatario. Prácticamente nadie espera en Brasil que las acusaciones tengan un recorrido judicial prolongado porque el mandatario ha sabido rodearse de aliados preparados para neutralizar este tipo de acciones. Él nombró a Aras fiscal general, y Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, es también un aliado. Al primero le compete analizar los delitos comunes atribuidos al presidente y el resto de los aforados; al segundo, los que podrían ameritar un proceso de impeachment.
El politólogo David Fleischer, profesor emérito de la Universidad de Brasilia explica que “la CPI (comisión de investigación parlamentaria) ha hecho mucho ruido, ha elaborado un informe serio y contundente, pero el presidente todavía tiene dos guardianes, Lira y Aras. Todo lo que ha hecho la CPI depende ahora de ellos. Ahora, el desgaste político de Bolsonaro ya se ha dado”.
Las sesiones televisadas en las que los senadores han ido interrogando testigos durante los últimos seis meses han mantenido la pandemia como uno de los grandes asuntos informativos mientras la campaña de vacunación avanzaba y la cifra de muertos iba cayendo hasta los 409 fallecidos de este martes. Bolsonaro confiaba en que el debilitamiento de la pandemia y una mejora de la economía, que no se ha producido, le ayudarían a recuperar pulso político.
Y la acusación de crímenes contra la humanidad es competencia del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Esta ya tiene cuatro denuncias contra Bolsonaro, incluido por genocidio, que todavía no ha analizado. Tampoco la Cámara de Diputados ha revisado ni una sola de las más de cien peticiones para abrirle a Bolsonaro un juicio político como el que apeó de la Presidencia a Dilma Rousseff.
