A João Alberto Silveira Freitas lo mató el racismo. Dos hombres blancos que trabajaban como guardias de seguridad en un supermercado de Porto Alegre, en Brasil, lo asfixiaron. Beto, como le decían sus amigos, tenía 40 años, era papá de cuatro (una niña y tres niños) y murió como murió George Floyd, pero no con la rodilla de un policía encima. Sino las de dos hombres que permanecieron por más de cinco minutos sobre su cuerpo tirado en el piso. Sucedió el 19 de noviembre pasado, en la víspera del Día de la Conciencia Negra. Que se celebra en Brasil para redimir la resistencia de los negros contra la esclavitud.
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La justicia brasileña ya ha acusado a seis personas por el crimen de Silveira Freitas —a los dos hombres que le dieron la paliza y a otros cuatro empleados del almacén señalados como cómplices— y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto su nombre en la lista de casos de violencia contra personas negras en América. La Comisión señala que no se trata de un simple incidente, como quisieron mostrarlo las autoridades recién ocurrió el crimen. Se trata de un patrón que se repite por toda la región.
En Colombia, a Anderson Arboleda la policía lo mató a golpes en la cabeza por estar en la calle cuando se había decretado confinamiento por la pandemia. Tenía 24 años y su muerte, señala la CIDH en un informe publicado este martes. Demostró que la violencia racial que ejercen las autoridades no son casos aislados. En los últimos meses de 2020, la Comisión documentó otros asesinatos de jóvenes afrocolombianos. Harold Morales, un afrodescendiente de 17 años, falleció tras recibir un disparo en la espalda por parte de un policía; Julián González, de 27 años, fue baleado en el abdomen en una protesta.
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La CIDH también recuerda el caso de Alberth Sneider Centeno, líder de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en Honduras. Él y otros tres hombres, todos negros, todos afroindígenas, fueron secuestrados el 18 de julio del año pasado en lo que parecía ser un operativo policial. Ha transcurrido más de un año y no se sabe nada de ellos, el Gobierno no ha hecho mucho para encontrarlos. La Comisión le pide al Estado hondureño que investigue.
“La Comisión también ha observado que debido a las condiciones de pobreza y pobreza extrema a las que han estado expuestas los afrodescendientes en la región, son cada vez más vulnerables a situaciones de violencia armada”, señala el documento, en el que aunque aplaude los esfuerzos de países como Colombia por la implementación de programas de reparación colectiva para grupos étnicos, pide hacer un mayor esfuerzo. “En Colombia, dentro de los 8 millones de colombianos registrados como víctimas del conflicto armado, más de un millón pertenecen a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, siendo este grupo étnico racial el que más reporta número de víctimas”, recuerda el informe.
Las personas negras no solo son violentadas cuando hombres blancos las someten hasta matarlas, como en el caso de João Alberto Silveira Freitas, también cuando son expuestas a la pobreza y la desigualdad solo por ser negras. La CIDH dice que con la pandemia de covid-19 se han profundizado las disparidades raciales y esto -señala- ha impactado en mayor medida a los afrodescendientes, que “experimentan altos riesgos de contagio y muerte debido a factores como el lugar de residencia y el entorno físico”.
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La Comisión reitera lo que comunidades en el Pacífico colombiano o en las favelas brasileñas han reclamado desde el inicio de la crisis sanitaria: ¿cómo garantizar el distanciamiento social cuando se vive en hacinamiento?, ¿cómo lavarse las manos si no hay agua? “En el caso de Brasil, la CIDH observó con preocupación el impacto desproporcionado de la covid-19. Particularmente por el número elevado de casos en áreas geográficas de concentración de esta población étnica-racial como favelas y comunidades quilombolas”.
Según cifras citadas en el informe, en Río de Janeiro, donde 1,5 millones de personas viven en favelas, las condiciones de hacinamiento e insalubridad dificultan la implementación de las medidas de aislamiento para la contención de la pandemia; en la favela más grande de Río, Rocinha, una de cada cuatro personas examinadas ya había sido contagiada en junio de 2020. En febrero de este año se habían registrado 1.897 contagios y 192 muertes en comunidades quilombolas. El olvido al que han estado sometidas estas poblaciones también mata. “No es el ‘ser afrodescendiente’ lo que facilita el contagio de la covid-19; por el contrario, reafirma que es la discriminación estructural y sistemática enfrentada por la población afrodescendiente históricamente lo que la torna más vulnerable a la infección”, recalca la Comisión.
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La CIDH recuerda que la mayoría de las zonas habitadas por afrodescendientes suelen ser áreas geográficas con niveles bajos de desarrollo que se evidencia sobre todo en el acceso a servicios públicos y a la educación. En Haití, por ejemplo, una de cada dos personas de 15 años o mayor no sabe leer ni escribir. En otros lugares como Argentina a los afro los han querido negar. “Se ha naturalizado la creencia de que no hay personas de este origen étnicoracial, producto de la negación histórica de ciudadanos de descendencia africana en la conformación de la nación”, señala la comisión, que cuenta que entre 2008 y 2019 hubo más de 5.000 denuncias de víctimas de racismo en ese país.
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En el caso de las mujeres, además de la misma discriminación racial que padecen los hombres, tienen poco espacio para que sus voces sean escuchadas. La Comisión señala que las afrodescendientes “continúan enfrentando profundos desafíos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y, en comparación con el resto de las mujeres. Están notoriamente subrepresentadas en instancias de decisión como en los senados y parlamentos de la región”. Tampoco tienen mucho lugar en los medios de comunicación y cuando lo consiguen son estereotipadas bajo el rótulo de exóticas. “Estas representaciones impactan de forma agravada en su estigmatización, persecución y criminalización”, dice la CIDH, que ve con preocupación lo que pasa en Brasil, en donde -dice- los hechos de violencia letal contra las mujeres afrodescendientes han aumentado un 15%, mientras que los asesinatos de mujeres no afrodescendientes han disminuido en 8%.
Durante la última década, señala el informe de la Comisión. Ha habido avances en políticas públicas a favor de las personas afro, pero no han sido suficientes. La pobreza como consecuencia de la discriminación histórica y estructural sigue haciendo difícil la vida de las comunidades negras en América Latina.
