Cada 7 de junio, México conmemora el Día de la Libertad de Expresión, un recordatorio vital de uno de los derechos más esenciales en toda sociedad democrática: el derecho de manifestar ideas, expresar opiniones y acceder a información sin censura. Esta celebración, instituida en 1951 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, se ha fortalecido con el tiempo, añadiendo el Premio Nacional de Periodismo en 1976 como un símbolo del compromiso hacia la libre expresión.
La libertad de expresión se encuentra consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, así como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a investigar y difundir información e ideas a través de cualquier medio. Este derecho no solo se vincula con la libertad de prensa, sino también con otras libertades fundamentales como la libre asociación y la participación política, elementos esenciales para el ejercicio pleno de la democracia.
Sin embargo, este 2026 la celebración ha llegado en un contexto alarmante, en medio de fuertes preocupaciones por las condiciones de trabajo que enfrentan los periodistas en México. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han alzado la voz ante la creciente violencia y las amenazas sistemáticas. Un caso impactante es el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz, un incidente que fue capturado en un video que rápidamente se viralizó, mostrando la brutalidad con la que se están atacando a los comunicadores en el país.
México continúa figurando como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. En su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026, México se posicionó en el lugar 122 de 180 naciones evaluadas. Aunque avanzó en esta clasificación respecto al año anterior, esta mejora no refleja una verdadera mejora en las condiciones para la prensa, sino que se explica por el deterioro aún más severo en otros países. Artur Romeu, director de RSF para América Latina, subraya que la situación sigue marcada por altos niveles de violencia y el uso creciente del acoso judicial como forma de presión.
En 2025, se reportaron nueve asesinatos de periodistas en México, y desde 2010 más de 150 comunicadores han perdido la vida en circunstancias violentas. El informe anual de Artículo 19 para 2025, titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, destaca que México lidera en registros de violencia contra la prensa en la región. Se documentaron además 451 agresiones contra periodistas y medios, lo que equivale a un ataque cada 20 horas.
Las formas de agresión también han evolucionado, incluyendo amenazas, campañas de desprestigio y hostigamiento digital, muchas de las cuales tienen vínculos con actores estatales. Las preocupaciones han ido más allá de la violencia física; también se han intensificado las amenazas relacionadas con la vigilancia digital y el acceso limitado a la información pública. Reformas recientes han extendido las facultades del gobierno para acceder a datos personales, lo que ha generado nuevos temores sobre la privacidad y la rendición de cuentas.
Aunque suele asociarse exclusivamente con los periodistas, la libertad de expresión es un derecho que pertenece a toda la ciudadanía. Permite debatir ideas, cuestionar decisiones públicas y participar activamente en la vida democrática del país. Por lo tanto, garantizar condiciones seguras para el ejercicio de este derecho es fundamental para que la sociedad pueda informarse sobre los asuntos que le conciernen.
En el Día de la Libertad de Expresión 2026, la fecha no solo conmemora un derecho fundamental reconocido por la ley, sino que también viene a la luz los persistentes desafíos para hacer efectivo este derecho en la práctica. En tiempos de creciente agresión y censura, es crucial que la sociedad y las instituciones se unan para proteger la libertad de expresión, no solo en nombre de los periodistas, sino de todos los ciudadanos.
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