El arranque este lunes de la declaración del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el primer gran juicio contra él, en el que se enfrenta a una petición de 110 años de cárcel, no defraudó. El policía utilizó las preguntas que le planteó la Fiscalía Anticorrupción para intentar embarrar la causa y llevarla al terreno que considera más beneficioso para sus intereses: el de una supuesta confabulación contra él sobre cuya existencia lleva tiempo hablando con el fin de anular las pruebas y, con ello, la causa. Todo ello, sazonado de veladas amenazas.
Para ello, hizo sutiles alusiones al expresidente Mariano Rajoy y al rey emérito, Juan Carlos I, además de implicar sin pruebas al también expresidente Felipe González en uno de sus trabajos y acusar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su exdirector, el general Félix Sanz Roldán, a los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que llevan las pesquisas y a la Fiscalía de falsificar “un arsenal de pruebas” contra él. Entre medias, referencias a los atentados del 11-M, a la guerra sucia de los GAL y, en varias ocasiones, a la llamada Operación Cataluña, puesta en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a los líderes del independentismo catalán.
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Sin embargo, la estrategia de Villarejo chocó con la firmeza de la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo —que lo reprendió en dos ocasiones— y del representante de la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Serrano, que evitó entrar en cuestiones diferentes de las que se enjuician. Villarejo, ante el fracaso de su maniobra, intentó mostrarse como “un servidor” del Estado que si montó las empresas con las que facturó millones de euros a sus clientes privados a cambio de información obtenida de manera supuestamente fraudulenta, fue para dar cobertura a su papel de “agente de inteligencia” para “diferentes” gobiernos. “Me encargaban cuestiones muy delicadas referidas a intereses del Estado”, esgrimió.
Declaración de Villarejo
La declaración de Villarejo se produjo durante la vista oral que, desde el pasado octubre, se celebra en la Audiencia Nacional para enjuiciar tres líneas de investigación del macrosumario del caso Tándem: las piezas Iron, Land y Pintor. La primera versa sobre la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar supuestamente a otro despacho de abogados. Land se centra en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Pintor investiga si Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando ficharon a Villarejo para obtener ilegalmente datos de un exsocio, al que este último reclamaba una deuda. Junto al comisario, se sientan en el banquillo otras 26 personas. Consideradas estas menores respecto a otras piezas en las que se investiga la Operación Kitchen de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, o las que implica a grandes compañías como BBVA o Iberdrola, el resultado de este juicio marcará el futuro del resto de la macrocausa.
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