El juez de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta investiga si las instalaciones de dos organizaciones no gubernamentales en la ciudad autónoma se empleaban para la distribución de sustancias estupefacientes y armas blancas a inmigrantes. La investigación se centra en No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo, tras registros efectuados por la Guardia Civil en una nave industrial y la tercera planta de un edificio vinculado a estas entidades1.
Durante el operativo, los agentes detuvieron a un hombre y una mujer y mantienen bajo investigación a otras seis personas. Según el auto judicial, existen sospechas de que las instalaciones pudieron utilizarse para la tenencia y distribución de drogas, sustancias psicotrópicas y objetos peligrosos, incluidos aerosoles de pimienta y cuchillos, supuestamente entregados a inmigrantes1.
Detalles de la investigación judicial
El auto judicial que autorizó los registros señala que las naves investigadas podrían haber servido como instrumentos relacionados con la distribución de estupefacientes y sustancias precursoras. El Servicio de Información de la Guardia Civil recabó testimonios de dos inmigrantes que afirmaron haber recibido armas blancas y aerosoles de pimienta por parte de responsables de las ONG. Además, se realizaron vigilancias con fotografías de las inmediaciones, tanto de los inmigrantes como de los investigados1.
A los imputados se les atribuye también un posible delito de atentado a agentes de la autoridad, ya que se sospecha que el material distribuido podría haber sido utilizado para atacar a policías, guardias civiles y militares. La Guardia Civil recabó documentación y dispositivos móviles que serán analizados en el marco de la investigación1.

Respuesta de las organizaciones implicadas
No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo han negado cualquier implicación en los hechos investigados y sostienen que su labor se limita a la asistencia humanitaria y la documentación de posibles vulneraciones de derechos. No Name Kitchen denunció públicamente la detención de dos de sus activistas y calificó de "irregularidades y criminalización" la actuación de las autoridades1.
La ONG afirmó que en el registro de su espacio no se encontró ningún objeto ilícito y aseguró que "nunca" han tenido en su poder "armas, explosivos ni espráis de gas pimienta". Además, denunció que los agentes derribaron la puerta sin aviso previo y que sus miembros fueron obligados a permanecer en el suelo y maniatados durante toda la intervención1.
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Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por ABC.






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