Jueza ordena liberar a dos arrestados por descarrilamiento del tren.

La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, Diana Isabel Ivens Cruz, ha tomado una decisión impactante en el caso del trágico accidente ferroviario ocurrido en Oaxaca el 28 de diciembre, donde lamentablemente 14 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. Este miércoles, ordenó la libertad inmediata de Felipe Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, el maquinista y el jefe de despachadores del Tren Interoceánico, respectivamente.

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) han aprobado acuerdos reparatorios que fueron firmados a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Durante una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, se dio un paso crucial hacia la reparación del daño a las víctimas del siniestro.

La jueza, al extinguir la acción penal, validó estos acuerdos reparatorios, lo que permitió el cierre definitivo de la causa penal 7/2026. Es importante mencionar que, a principios de abril, la FGR concluyó la investigación sobre el descarrilamiento. Como resultado, se determinó la comisión de delitos de homicidio y lesiones culposas, señalando la responsabilidad del maquinista, el conductor y el jefe de despacho en el incidente. Hasta la fecha, 145 víctimas han recibido reparación integral del daño, lo que contribuyó a la extinción de la acción penal en estos casos.

El proceso judicial ha sido complejo, ya que la fiscal Ernestina Godoy destacó que tras exhaustivas investigaciones, se integraron cuatro carpetas que demostraron la participación de los implicados. Esto llevó a la obtención de órdenes de aprehensión y a su vinculación a proceso durante la audiencia inicial. No obstante, otros posible delitos como daños a bienes fueron descartados, ya que la empresa afectada otorgó el perdón legal. Las indagatorias periciales en arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial confirmaron la conformidad de la infraestructura ferroviaria con la normatividad vigente, lo que eliminó la posibilidad de acusaciones por ataques a las vías generales de comunicación.

Adicionalmente, se verificó que no existieron irregularidades penales en los contratos relacionados con la obra, la adquisición de material rodante y el mantenimiento, según lo avalado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con este cierre, las autoridades federales han reflejado su compromiso por reparar el daño causado a las víctimas, permitiendo que la comunidad y las familias afectadas comiencen a sanar después de una tragedia que dejó una huella profunda en todos los involucrados. Los esfuerzos realizados hasta ahora destacan la importancia de la justicia y la responsabilidad en el sector ferroviario, en un contexto donde la seguridad y el bienestar de las personas deben ser siempre la prioridad absoluta.

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