El anuncio de la demolición y reconstrucción de la sede del Poder Legislativo en Hidalgo ha puesto en el centro de la atención no sólo la infraestructura del recinto, sino también el destino de una obra emblemática del arte mexicano contemporáneo: el mural ALM: Visión histórica de un sexenio, del pintor Julio Carrasco Bretón. Creado en 2011 con apoyo del entonces Conaculta, hoy Secretaría de Cultura federal, este mural no solo representa un relato visual del gobierno de Adolfo López Mateos, sino que constituye una pieza de patrimonio nacional cuya preservación está protegida por ley.
Carrasco Bretón, artista con más de cinco décadas de trayectoria, ha manifestado su profunda preocupación por el futuro del mural tras enterarse por medios locales sobre los planes de demolición del inmueble. Denunció que ningún funcionario del Congreso lo ha contactado oficialmente para discutir el destino de la obra, pese a que, según él, autoridades del Legislativo afirmaron haberlo hecho. Ante esta omisión, el pintor exigió que no sólo se respete la integridad de la pieza, sino que él mismo supervise cualquier proceso de desmontaje, embalaje, traslado y reinstalación, como autor y conocedor técnico de su propio trabajo.
El mural tiene dimensiones considerables —ocho metros de largo por cuatro de alto— y aunque fue concebido como transportable, eso no lo exime del riesgo que implica cualquier movimiento sin asesoría especializada. Carrasco incluso recordó un caso previo en el que otra de sus obras, realizada para Televisa, terminó extraviada tras el sismo de 1985 y fue localizada posteriormente en una casa particular. Ese antecedente alimenta hoy su temor de que, sin los cuidados adecuados, este mural también pudiera perderse o ser dañado.
Desde el Legislativo local, el director de Comunicación Social, Carlos Gaviño, ha salido a calmar las aguas, asegurando que el mural no será destruido y que se brindarán todas las facilidades necesarias para garantizar su preservación. Además, afirmó que ya se han sostenido pláticas con otro muralista que también tiene obra en el recinto, y que en los próximos días se establecerá contacto formal con Carrasco Bretón para avanzar en la planificación del retiro y conservación de la pieza.
Sin embargo, más allá de las declaraciones tranquilizadoras, lo cierto es que la obra no puede ni debe ser tratada como un objeto decorativo prescindible. Se trata de una pieza que, tanto por su contenido histórico como por su carácter patrimonial, forma parte del acervo cultural del país. Su abordaje de los claroscuros del sexenio de López Mateos —nacionalización eléctrica, El Chamizal, el Museo Nacional de Antropología, entre otros temas— lo convierte en un testimonio visual valioso para las futuras generaciones.
Carrasco ha sido claro: si la obra va a ser reinstalada, tiene que ser por él mismo, no por terceros, y bajo criterios técnicos rigurosos. Insiste además en que el gobierno federal debe involucrarse, dado el carácter nacional de la pieza.
La polémica en torno a este mural no es sólo un debate sobre logística o remodelación de espacios públicos. Es un recordatorio de que el arte en edificios gubernamentales no es mero ornamento: es memoria, identidad y un derecho cultural que debe ser protegido. Como ha señalado el propio autor, “exijo que se garantice su salvaguarda y supervisar su traslado y exhibición en un lugar seguro”.
En un país donde el arte público ha sido históricamente una herramienta de reflexión social y memoria colectiva, este caso pone a prueba el compromiso real de las instituciones con el respeto al patrimonio cultural.
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