En los últimos años se nos dijo que la justicia debía transformarse. Que debía ser más cercana al pueblo, más austera, más humana. Que los magistrados y juzgadores dejarían de ser una élite distante para convertirse en verdaderos servidores públicos, conscientes de que su poder emana de la ciudadanía y no de los privilegios del cargo. La promesa sonaba bien. Sin embargo, hoy, en la justicia cotidiana, la realidad parece ir por un camino muy distinto.
Cada vez es más evidente que muchos de los magistrados que hoy ocupan cargos bajo la bandera de haber sido “puestos por el pueblo” comienzan a mostrar serias deficiencias en su trabajo. No se trata de una crítica ligera ni de un ataque personal, sino de una observación que nace del día a día de los tribunales, de los expedientes que se acumulan, de las audiencias que se difieren sin justificación y de las sentencias que tardan meses —a veces años— en llegar.
La eficiencia, que debería ser uno de los pilares de cualquier sistema de justicia, se ha convertido en una de sus mayores ausencias. Y cuando la justicia no es pronta, simplemente deja de ser justicia. El problema es que quienes pagan el precio de esta ineficiencia no son los magistrados, ni sus equipos, ni las estructuras que los rodean. Los únicos verdaderamente perjudicados somos los ciudadanos.
A esta falta de eficacia se suma otro tema que resulta especialmente indignante: el olvido de la austeridad. Durante años se predicó que los excesos habían terminado, que la justicia debía dar el ejemplo y que los lujos eran incompatibles con el servicio público. No obstante, hoy vemos escenas que contradicen por completo ese discurso. La imagen del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al que le limpian los zapatos en público no es solo un gesto anecdótico; es un símbolo poderoso de todo lo que se dijo que ya no existía y que, sin embargo, sigue ahí.
No se trata de si alguien merece o no un trato digno —eso es incuestionable—, sino del mensaje que se envía a una ciudadanía cansada de discursos que no se reflejan en los hechos. Cuando se habla de austeridad, se espera congruencia. Y la congruencia, en el servicio público, no es un lujo: es una obligación ética.
Pero más allá de las formas, el fondo es aún más grave. Una justicia ineficiente, desconectada de la realidad social y atrapada en sus propias comodidades, termina por romper el pacto básico entre el Estado y el ciudadano. Porque ¿cómo confiar en instituciones que no resuelven, que no escuchan y que parecen más preocupadas por su imagen interna que por el impacto real de sus decisiones?
En la vida cotidiana, esto se traduce en madres y padres que esperan resoluciones sobre pensiones alimenticias, en trabajadores que aguardan sentencias laborales, en víctimas que buscan reparación y en personas que solo quieren certeza jurídica para poder seguir con su vida. Cada día de retraso es un día más de desgaste emocional, económico y social.
El problema no es que los magistrados hayan sido elegidos o designados bajo una nueva lógica. El verdadero problema es olvidar para qué están ahí. El cargo no es un reconocimiento personal ni un escalón político; es una responsabilidad enorme frente a millones de personas que no tienen micrófonos, escoltas ni reflectores.
La justicia no necesita más discursos, ni más símbolos vacíos. Necesita trabajo serio, preparación constante, sensibilidad social y, sobre todo, humildad. Porque cuando quienes imparten justicia pierden de vista al ciudadano, la justicia deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio inaccesible.
Hoy más que nunca, es momento de recordar que el poder judicial existe para servir, no para servirse. Y que si la justicia falla, no falla en abstracto: falla en la vida diaria de todos nosotros. Esa es la verdadera deuda que sigue pendiente en nuestra justicia cotidiana. Pues la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
