JUSTICIA COTIDIANA – “ENTRE EL DERECHO Y EL ABUSO”

En toda sociedad organizada, es legítimo que los prestadores de servicios ajusten sus tarifas cuando existen razones económicas que lo justifiquen: inflación, aumento en combustibles, mantenimiento, refacciones. Nadie puede negar que el transporte público enfrenta costos crecientes y que, en teoría, tiene el derecho de actualizar sus precios para seguir operando.

Sin embargo, una cosa es el derecho a ajustar tarifas y otra muy distinta es abusar de la ciudadanía.

La propuesta del incremento del pasaje, que pasa de 10 a 15 pesos, representa un golpe directo al bolsillo de miles de familias. No estamos hablando de un ajuste gradual o razonable: estamos hablando de un aumento del 50%. En un país donde el salario no crece al mismo ritmo, donde el ingreso familiar se estira cada día para cubrir lo básico, este tipo de decisiones no solo generan molestia, generan indignación.

Y esa indignación tiene fundamento.

Porque si el aumento viniera acompañado de una mejora sustancial en el servicio, la conversación sería distinta. Si las unidades estuvieran en buen estado, si existiera seguridad, si los tiempos fueran eficientes, si los operadores ofrecieran un trato digno, quizás el ciudadano entendería el sacrificio. Pero la realidad es otra: rutas en condiciones deplorables, unidades viejas, sucias, inseguras y, en muchos casos, operadas sin el más mínimo respeto al usuario.

El problema no es solo el precio, es la calidad.
¿Cómo justificar un aumento del 50% cuando el servicio parece estancado en el abandono? ¿Cómo pedirle al ciudadano que pague más por recibir lo mismo o incluso menos?

Pero hay un punto aún más delicado que revela el fondo del problema: el trato hacia los adultos mayores.

Existe un derecho claro, previamente establecido, que obliga a otorgar descuentos a las personas de la tercera edad. No es un favor, no es una cortesía, es una obligación. Sin embargo, en la práctica, muchos choferes optan por evadirla de la forma más indignante: simplemente no se detienen.

Así, sin más. Prefieren dejar esperando a un adulto mayor antes que “perder” unos pesos. Y la justificación que dan es todavía más preocupante: aseguran que ese descuento sale de su bolsillo y no de los concesionarios, es decir, de los verdaderos dueños de las unidades.

Si esto es cierto, entonces el problema es estructural. Significa que el sistema está diseñado para trasladar la carga al eslabón más débil: el operador, quien a su vez la descarga sobre el usuario más vulnerable.

Y ahí es donde la indignación se transforma en algo más profundo: una sensación de injusticia.
Porque no se trata solo de economía, se trata de dignidad.

El transporte público no es un lujo, es una necesidad. Es el medio que utilizan estudiantes, trabajadores, madres de familia y adultos mayores para moverse diariamente. Por lo tanto, debe operar bajo principios de equidad, calidad y respeto.

El aumento al pasaje no puede ser una decisión unilateral que ignore estas condiciones. Debe estar ligado a compromisos claros: renovación de unidades, capacitación de operadores, cumplimiento estricto de los derechos de los usuarios y mecanismos de supervisión reales.

De lo contrario, lo que tenemos no es un ajuste tarifario, es un abuso institucionalizado.

Hoy la ciudadanía no solo cuestiona el incremento, cuestiona todo el sistema. Y con razón.

Porque no se puede pedir más cuando no se ofrece nada a cambio.

Porque no se puede exigir comprensión cuando lo que se percibe es indiferencia.

Y porque no se puede hablar de derecho cuando, en los hechos, se vulnera todos los días el derecho del usuario a un transporte digno.

La discusión no debe centrarse únicamente en si el aumento es legal. Debe centrarse en si es justo.

Y hoy, para miles de ciudadanos, la respuesta es clara: no lo es, y recordemos que la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.