La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado un toque de queda de diez horas para el centro de la ciudad, una medida que se implementa en medio de las crecientes protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente de EE. UU., Donald Trump. Estos disturbios han ocasionado el saqueo de varios negocios, con al menos 23 locales afectados.
El toque de queda, que se extenderá hasta las 06:00 hora local, abarca un área de más de 2,5 kilómetros cuadrados y ha sido una respuesta directa a la escalada de violencia y descontento que se han manifestado desde el viernes pasado. Sin embargo, este toque de queda no aplicará a residentes, personas sin hogar o medios de comunicación acreditados, según el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. La medida busca principalmente proteger vidas y propiedades, ante el incremento de “comportamientos ilegales y peligrosos”.
En medio de esta situación, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha acusado a Trump de “subvertir la democracia” mediante el despliegue de casi 5.000 soldados en Los Ángeles, incluyendo fuerzas de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina. Newsom sostiene que estas acciones trascienden la simple aplicación de la ley y que el despliegue de fuerzas militares sin la solicitud del gobernador debería servir como advertencia a otros estados sobre las implicaciones de este comportamiento.
Newsom ha solicitado a un tribunal federal que impida el uso de la Guardia Nacional en las redadas de inmigración, argumentando que dicha intervención solo avivará más tensiones sociales, aumentando la posibilidad de disturbios civiles. Mientras tanto, la administración Trump ha calificado la demanda judicial como una intervención peligrosa y sin precedentes que obstaculiza su capacidad para ejecutar la ley.
Trump, por su parte, no descarta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, un poder de emergencia que le permitiría desplegar fuerzas militares en el país para enfrentar situaciones de violencia interna. En declaraciones recientes, el presidente describió a los manifestantes de manera despectiva y ha prometido “liberar” Los Ángeles, a la vez que ha recibido críticas por el alto costo de su estrategia de seguridad, que se estima en 134 millones de dólares. Sus opositores le acusan de crear una crisis artificial, centrada en su agenda personal más que en la seguridad pública.
Este panorama, que refleja la tensión entre los gobiernos estatal y federal, destaca un conflicto mayor sobre la política migratoria y el uso de la fuerza en situaciones de protesta, temas tan necesarios de discutir en un momento en que la situación social en Estados Unidos se encuentra en un punto álgido. La información corresponde a la fecha de publicación original, el 11 de junio de 2025.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
