El caso 3% le ha estallado a los herederos políticos de la extinta CDC (Convergència Democrática de Cataluña) cuando solo falta medio año para las elecciones municipales. Mientras el PDeCAT y Junts tratan de desvincularse de la desaparecida formación, el juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado este martes abrir juicio oral a 30 personas, incluido tres extesoreros del antiguo partido nacionalista, por la trama de financiación ilegal urdida en el seno de la fuerza que lideraron Jordi Pujol y Artur Mas, expresidentes de la Generalitat catalana. El magistrado mantiene así la línea marcada por la Fiscalía, que pide penas de hasta 21 años de cárcel, y también envía al banquillo a la propia CDC como persona jurídica y al PDeCAT
Pedraz inflige otro nuevo golpe a los sucesores de Convergència, que tratan de recomponer un espacio político muy fracturado y en crisis: no solo por la corrupción, sino también por las peleas internas derivadas del procés. El juez envía al banquillo a algunos de los ex altos cargos más relevantes que tuvo CDC, como su extesorero Andreu Viloca, para quien el ministerio público solicita 21 años y 4 meses de prisión; Daniel Osàcar, también exresponsable de finanzas del partido, ya condenado a 3 años y 6 meses en el caso Palau —la primera vez que se demostró que Convergència cobró comisiones de empresas a cambio de adjudicación de obras—; a Germá Gordó, extesorero, exgerente, exconsejero de Justicia y ex mano derecha de Artur Mas; y a Antoni Vives, exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y hombre fuerte del exalcalde Xavier Trias, que suena como candidato de Junts para los comicios de mayo de 2023.
La Fiscalía Anticorrupción describe la trama gestada en CDC como una “organización criminal” que funcionó, al menos, de 2008 a 2015; y en la que participaron cargos públicos de Convergència, funcionarios de administraciones e instituciones de Cataluña que se encontraban “bajo la esfera de poder” del partido nacionalista y toda una ristra de empresarios: entre otros, Josep Manuel Bassols, Joan Albert Arqués Fontdevila y Jordi Sumarroca. Según la acusación, entre todos crearon un modus operandi “sistémico” para amañar adjudicaciones a favor de compañías afines a la extinta formación, que recibía a cambio inyecciones irregulares de dinero en forma de donaciones.
El juez también abre juicio oral a 14 mercantiles (como la Fundación ACS, Urbaser, Copisa y Grup Soler), además de a Convergència y PDeCAT —este último, como heredero de CDC— . El partido fundado en 1974 por Jordi Pujol, que durante más de 30 años gobernó Cataluña, se refundó en 2016 como Partit Demòcrata (PDeCAT), del que se escindió Junts en 2020.
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