La Audiencia de Cáceres ha condenado a 11 años de inhabilitación a ejercer cargo público a cinco alcaldes de la comarca del Valle del Jerte, en el norte de la provincia de Cáceres, por el vertido ilegal de cerezas no comercializables en zonas no autorizadas para ello. La sala entiende que se produjo un delito de prevaricación administrativa por parte de los alcaldes de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas, ya que sus regidores tenían conocimiento previo de que no se podía verter ningún tipo de residuo en esas zonas al ser vertederos ya clausurados. Los hechos sucedieron entre el 2015 y el 2019, y de los cinco condenados, dos alcaldes siguen en activo: el de Rebollar, Félix Díaz Ramos (PP), y el de Tornavacas, José Antonio Recio (PSOE). La sentencia no es firme, por lo que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El Valle del Jerte es una comarca del norte de la provincia de Cáceres (Extremadura) con una superficie de unos 370 kilómetros cuadrados, compuesta por 11 municipios, y cuya principal actividad económica es el cultivo y la comercialización de la cereza. En el año 2014 finalizaron las obras para clausurar o recuperar medioambientalmente varios vertederos de los municipios de esta zona, entre ellos los de las localidades que dirigían los acusados. Las obras de recuperación ambiental en zonas degradadas del Valle del Jerte costaron 109.908 euros, de los que 78.232 procedían de una subvención de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), y 31.675, de la Diputación de Cáceres.
Cuando los alcaldes condenados accedieron a su cargo tras las elecciones de 2015 tenían constancia de la clausura de estos vertederos, pues las administraciones locales habían sido avisadas de que tenían la obligación de controlar y supervisar que no se crearan nuevos depósitos en lugares que no están legalmente autorizados, según indica la nota de prensa hecha púbica este martes por la Audiencia de Cáceres. Y, a pesar de este aviso, los acusados facilitaron y permitieron que se abrieran zanjas en la tierra destinadas al vertido de cerezas no comestibles sobre las superficies recuperadas “sin recabar ningún tipo de autorización o permiso”, según dicha nota de prensa.
En virtud de estos hechos, la Sala considera probado que los condenados no solo no tomaron ninguna medida para prohibir o mitigar el vertido de residuos en zonas prohibidas, sino que alentaron estos hechos ilegales. En el caso de Rebollar, Cabrero y Tornavacas se llegó a “estimular con colocación de carteles y el dictado de bandos municipales que los propios vecinos del pueblo o bien cualquier tercero interesado pudiese arrojar residuos en las zonas recuperadas”, según figura en la sentencia.
El depósito de residuos en zanjas que luego son cubiertas conlleva un gran riesgo medioambiental, explica Ecologistas en Acción de Extremadura. Al enterrar los residuos y cubrirlos con una capa de tierra se genera un líquido contaminante muy típico de los vertederos, el lixiviado, que se infiltra en la tierra y puede contaminar los acuíferos, señala Ángel García Calle, abogado de la ONG. “Hay una gestión de residuos que tienen que llevar a cabo los municipios. En Extremadura existen una serie de puntos limpios repartidos por toda la red que es adonde tiene que ir a parar los residuos urbanos”, asegura García Calle. Este es el procedimiento que deberían haber seguido los alcaldes condenados.
Por otra parte, la Fiscalía pedía 13 años de inhabilitación para cada uno de los acusados, que finalmente han sido rebajados a 11. En el juicio celebrado el pasado 18 de octubre, los cinco ediles se declararon inocentes, al considerar que la responsabilidad de vigilar el vertido de residuos en la zona del Valle del Jerte no es de su competencia, sino de la Junta de Extremadura a través del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Además, los regidores insistieron en que las zanjas no las abrieron ellos, sino los propios agricultores de la zona. Negaron haber firmado las órdenes necesarias para la apertura de estas zanjas, y también negaron haber colocado los carteles para animar a los vecinos a tirar residuos en los vertidos cerrados o recuperados. La sentencia no es firme y cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
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