El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado este jueves un auto por el que admite la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia contra nueve antiguos dirigentes de ETA por el secuestro y asesinato, en julio de 1997, del entonces concejal del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco y ordena la reapertura del sumario. El magistrado, que fue hace 25 años el primer instructor de la causa, ha pedido a la Guardia Civil “un informe pericial de inteligencia” en el que se recojan todos los indicios que permitan determinar qué etarras formaban parte del llamado “comité ejecutivo” de la organización terrorista cuando se produjeron los hechos así cómo el funcionamiento de este órgano interno para tomar decisiones.
García Castellón destaca que con ello quiere saber, no solo qué dirigentes etarras participaron en la decisión de perpetrar aquel atentado, sino también quiénes pudieron impedirlo y no lo hicieron, ya que Blanco estuvo durante 48 horas retenido antes de ser asesinado. Es la figura de “la comisión por omisión”, recogida en el artículo 11 del Código Penal. En el auto, el magistrado aplaza a la conclusión de este informe policial sobre la composición entonces de la cúpula etarra y su funcionamiento interno su futura decisión de citar a declarar a los nueve querellados.
La reapertura del caso se produce después de que el pasado 6 de febrero la asociación Dignidad y Justicia presentara en la Audiencia Nacional un escrito en el que pedía al juez que admitiese a trámite su querella contra nueve exdirigentes de ETA por el asesinato del concejal de Ermua. En concreto, contra Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Joseba Andoni Urrutikoetxea, Josu Ternera; Mikel Albisu, Mikel Antza; José Javier Arizcuren, Kantauri; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Asier Oyarzabal, Baltza; Vicente Goicoetxea, Willy; Jokin Echevarria Lagisquet; y Carlos Ibarguren, Nervios. La querella, firmada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez, sostenía que los “ejecutores materiales del secuestro y asesinato actuaron siguiendo las instrucciones recibidas de la dirección” de ETA. La Audiencia Nacional ya condenó en su día a tres personas por aquel asesinato: a Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, que apretó el gatillo; a su pareja, Irantzu Gallastegi, Amaia, que también participó en la ejecución del atentado; y a Ibón Muñoa, ex concejal de Herri Batasuna en Eibar, que trabajaba cerca de donde lo hacía el concejal del PP y que facilitó la información a los anteriores.
En el auto de este jueves, el juez recuerda que uno de los querellados, Kantauri, ya se encuentra procesado desde 2016 por este crimen como posible inductor al haberse hallado dos documentos manuscritos presuntamente por él en el que daba “precisas instrucciones” a los miembros del comando Bizkaia “para que secuestraran a un concejal del PP para dar un ultimátum al Gobierno [entonces presidido por José María Aznar] respecto a las pretensiones de ETA relacionadas con el reagrupamiento de presos. Estas instrucciones eran coincidentes con el modus operandi que fue utilizado en el asesinato de Miguel Ángel Blanco”, añade el magistrado. Por ello, el juez considera la querella “coherente” con lo actuado hasta ahora para “esclarecer el círculo de partícipes e intervinientes” en aquellos hechos.
En este sentido, el juez recuerda que en este caso se produce una “singular circunstancia”: que la reapertura del caso ha recaído en el mismo magistrado que en su día inició la investigación, lo que considera una “ventaja” al contar él “con un conocimiento directo de lo acontecido”. García-Castellón estuvo en la Audiencia Nacional hasta el año 2000, cuando abandonó el Juzgado Central de Instrucción 6 para ocupar cargos judiciales en París y Roma, hasta que se reincorporó en 2017. “Este conocimiento, en primera persona, de cuanto sucedió los aciagos días anteriores y posteriores a los hechos […] permiten inferir que la acción terrorista que culminó el disparo de varios proyectiles sobre el cuerpo maniatado de la víctima privada de libertad durante las 48 horas anteriores, presente rasgos que permiten la delimitación de responsabilidades más allá de las instrucciones dadas” adjudicadas únicamente a Kantauri, señala en el auto.
Por ello, que García-Castellón concluye que “en pocos casos, como en este atentado, puede perfilarse con más nitidez la figura de la comisión por omisión, pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de, al menos, cuarenta y ocho horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo este tiempo, presuntamente, un dominio directo del hecho, en el marco de la organización, que permite, desde este momento procesal, iniciar una investigación para delimitar el alcance de sus responsabilidades”. Por todo ello, el magistrado dirige las nuevas pesquisas no solo en encontrar indicios sobre las personas que hubieran dado las instrucciones para secuestrar y asesinar a Blanco, sino también “determinar si, quienes pudiendo haberlo detenido en cualquier momento, teniendo conocimiento de la acción, no lo hicieron”.
Con ese objetivo, el juez pide a la Guardia Civil un informe en el que recoja “todos aquellos elementos documentales” que permitan determinar “el grado y forma de participación” en el Comité Ejecutivo de ETA o Zuba de sus integrantes cuando se cometió el atentado, julio de 1997. También pide a los expertos antiterroristas del instituto armado que reflejen “si se considera factible” que los entonces miembros de este órgano interno de la banda “hubiesen participado en la toma de decisión de llevar a cabo la citada acción terrorista o bien si la participación activa de los miembros de la Zuba hubieran podido impedir de algún modo el asesinado de Miguel Ángel Blanco”. Finalmente, el magistrado solicita a los agentes que recopilen otros documentos internos de la organización terrorista que, si bien no tienen relación directa con aquel atentado, “sí podrían poner de manifiesto, por su carácter contemporáneo o próximo al referido atentado, el modus operandi” que entonces utilizaba la cúpula etarra para tomar “la decisión, planificación y ejecución de una acción terrorista similar”.
Con el sumario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ya son cuatro las causas instruidas en la Audiencia Nacional en los que se investigan a exjefes de la banda. Se trata de los casos por el atentado cometido en la T-4 del aeropuerto de Barajas en 2006, que dejó dos víctimas mortales y cuyos autores materiales ya fueron condenados; por el asesinato del concejal popular Gregorio Ordóñez en enero de 1995; y por el ataque con un coche bomba contra el juez Francisco Querol en 2000, que mató al magistrado y a otras tres personas. En esas tres causas, los jueces Santiago Abascal y Santiago Pedraz han dado luz verde a investigar a las antiguas cúpulas de la organización. En total, ya son 20 los exdirigentes etarras investigados como “autores mediatos por dominio” (algo similar a lo que se conoce popularmente como autores intelectuales) por tener el control de la banda cuando se cometieron estos atentados.
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