La subida de los tipos de interés y los problemas de las familias más vulnerables para afrontar el pago de sus cuotas hipotecarias han abierto un profundo debate entre los principales bancos del país mientras el Gobierno eleva la presión y Caixabank enseña la patita. Según aseguran fuentes financieras conocedoras de las negociaciones, existen discrepancias de calado sobre las medidas a adoptar y no hay un planteamiento definitivo dentro de las asociaciones que aglutinan el sector, como la Asociación Española de Banca (AEB) y la antigua patronal de las cajas (CECA). Fuentes de uno de los principales bancos españoles habla de “posturas enfrentadas”, mientras que otro asegura que “se están analizando diferentes posibilidades”.
La tensión es notable. Las entidades coinciden en el empeño de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por disponer de soluciones con celeridad. Durante la actualización del protocolo de inclusión financiera la semana pasada, la ministra de Asuntos Económicos ya advirtió a la banca de la creciente carga que soportan los deudores hipotecarios. El sector admite entre bambalinas que resulta inevitable consensuar un plan de medidas, ante la certeza de que el Ministerio impondrá las suyas si no se alcanza un compromiso.
La veda se abrió este martes al conocerse una propuesta de CaixaBank, que planteó a sus pares la congelación de las hipotecas durante un periodo de 12 meses para quienes tuvieran problemas. No escapa al sector que la firma que preside José Ignacio Goirigolzarri cuenta en su capital -como segundo accionista- con el Estado, a efectos prácticos, el Gobierno de turno. Entidades más pequeñas creen que el sector no puede regalar millones y que el debate es de ricos, es decir, propio de rentabilidades financieras (ROE) del 10%, y no del 5% o el 6% en que se mueven muchas de ellas.
No es la única propuesta sobre la mesa. Hay quienes abogan por una negociación particular con cada cliente, un modelo que ya se ejecuta en la práctica y no convence a las asociaciones de consumidores por su amplia discrecionalidad. Otra de las alternativas pasa por recuperar la fórmula de las moratorias aplicada durante la pandemia, por las que al usuario se le aplazaba el capital y solo seguía pagando intereses. Algunas entidades apuestan por limitarse a aplicar el Código de Buenas Prácticas ya en vigor y adaptarlo a algunas situaciones concretas.
Las posibilidades y el margen para jugar con los plazos de carencia son múltiples y requieren trabajos técnicos de calado, ya que su puesta en marcha puede tener impacto en los balances de los bancos, por ejemplo, en términos de provisiones. El perfil del hipotecado en cada entidad difiere y, por tanto, las fórmulas escogidas pueden ser más o menos gravosas. Existe convicción en el sector, sin embargo, en que no existe una urgencia desmedida porque la tasa de mora es muy reducida pese a los insistentes tambores de recesión económica.
Un azote para la imagen del sector financiero
Nadia Calviño aterrizó en el Ejecutivo con sus vínculos con la UE bajo el brazo y como representante de la ortodoxia. Se ha demostrado que eso no implicaba acomodarse al establishment. El nuevo impuesto a la banca ha terminado por escaldar a un sector que ya vio cómo la ministra criticaba a sus ejecutivos por los sueldos que perciben o les pedía “arrimar el hombro” por sus elevados beneficios en plena crisis. El golpe reputacional que los bancos afrontan por cada uno de estos episodios hace que intenten suavizar –o no empeorar– su imagen ante cualquier demanda del Ejecutivo. La autoridad de defensa del cliente financiero, norma en tramitación y que debería estar aprobada antes de final de año, es la próxima batalla en ciernes.
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