El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y su par en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han anunciado este jueves un principio de acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas del Congreso sobre el “marco” fiscal que financiará la colosal inversión de 3,5 billones de dólares del programa social del presidente Joe Biden. Diferencias entre las dos facciones del partido habían comprometido su viabilidad antes incluso de que se someta al trámite del Senado, ya que la Cámara le dio luz verde en agosto. Gracias a la tarea de brega entre bambalinas de altos funcionarios de la Casa Blanca, y a la intervención personal en los últimos días del presidente, el acuerdo entre progresistas y moderados demócratas parece dar alas al gran programa social de Biden, pilar fundamental de su mandato.
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Ni Schumer ni Pelosi han ofrecido detalles de lo pactado. “Sabemos que podemos cubrir las propuestas que el presidente quiere sacar adelante”, ha manifestado Pelosi. La definición de Schumer (“acuerdo marco”, pero también “menú de opciones” fiscales) deja entender que aún quedan flecos por discutir. El anuncio ha sorprendido a los demócratas, si bien fuentes del partido sostienen que todavía deben llegar a acuerdos específicos sobre el incremento fiscal a las rentas más altas, es decir, si en la reforma fiscal proyectada para financiar el programa se gravan más los ingresos o también el capital; al respecto las posturas de las dos facciones divergen. A la presentación del acuerdo en Washington ha acudido también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que en las últimas semanas se implicó de forma muy activa, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, en vencer resistencias a base de ponderar los beneficios de la iniciativa.
El ambicioso programa de reformas sociales, que abarca de la educación infantil gratuita a las subvenciones fiscales por hijo o familiar dependiente, pasando por la extensión de los dos programas de la Seguridad Social para mayores y población sin recursos, supondría la mayor ampliación de la cobertura social en EE UU desde el programa de la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson en los sesenta.
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Los demócratas esperan que el programa, denominado Build Back Better (Reconstruir mejor) y tan ambicioso en objetivos e inversiones que para algunos analistas equivaldría a meter todo el New Deal del presidente Roosevelt en una sola iniciativa, salga adelante este otoño en el Senado gracias al mecanismo conocido como reconciliación presupuestaria, que evita la mayoría de dos tercios en una Cámara donde demócratas y republicanos empatan a escaños (50 cada uno). Mediante la reconciliación, se puede aprobar un proyecto de ley por mayoría simple, para lo que bastaría con el voto de calidad, decisivo, de la vicepresidenta Harris, presidenta a su vez del Senado.
El programa Build Back Better, o plan de infraestructuras humanas en definición de la Casa Blanca, es gemelo del plan de infraestructuras físicas de 1,2 billones ya sancionado en junio por un acuerdo bipartidista, y que llegará a la Cámara de Representantes el próximo lunes. Cabe recordar que la dotación inicial de este último tuvo que ajustarse a la baja -un billón de dólares menos de lo inicialmente previsto- para contentar a la oposición republicana. Este plan físico pretende modernizar las obsoletas infraestructuras del país, de la renovación o construcción de puentes y carreteras a la extensión de la alta velocidad de internet a las pequeñas poblaciones o la descontaminación de las conducciones de agua potable.
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Tras el fiasco de Afganistán, Biden deseaba centrarse en su agenda doméstica, cuya punta de lanza representan los dos planes de infraestructuras. El principio de acuerdo fiscal sobre cómo financiarla es un primer alivio, aunque el rechazo de demócratas como los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema persiste. Para caldear el estado de opinión al respecto, un equipo de economistas de la Casa Blanca ha revelado este jueves un estudio estadístico sobre las declaraciones de impuestos de los 400 hogares más ricos de EE UU, que demostraría el perjuicio a la hora de la recaudación que supone tasar los ingresos pero no la riqueza o las rentas de capital. El presidente Biden también ha contribuido al debate. “Estoy harto de que las gigantescas grandes corporaciones super ricas no paguen la parte que les corresponde en impuestos”, escribió este miércoles en Twitter.
