La reciente intervención de Altagracia Gómez en el foro de Davos ha captado la atención de muchos, resaltando la dicotomía entre los discursos optimistas y la realidad económica de México. Hablar en el “idioma correcto” y dentro del espacio adecuado puede ser un ejercicio de comunicación eficaz, pero la realidad nacional presenta un panorama de “inercia, confusión y prioridades equivocadas”.
El discurso sobre la necesidad de “reimaginar” la colaboración entre el sector privado, la academia y el gobierno, materializado en la creación de un Consejo Asesor Empresarial, parece moderno y atractivo. Sin embargo, la interrogante fundamental queda en el aire: ¿puede realmente este consejo influir en la política industrial de un país que enfrenta incertidumbre institucional y una lógica política que a menudo castiga a la inversión privada?
Al hablar del “Plan México”, se presenta un proyecto de desarrollo de largo plazo con indicadores clave de rendimiento (KPIs) muy específicos. A primera vista, el planteamiento resulta ambicioso; sin embargo, la pregunta crucial es: ¿dónde se manifiesta este plan en la práctica? Un plan que carezca de presencia en presupuestos, prioridades y reformas no se traduce en acciones tangibles. Si no hay una señal clara de que el gobierno comprende que crecer es esencial para el desarrollo, el plan se convierte en una mera presentación de marketing.
Además, se hace alarde de querer posicionar a México entre las diez economías más grandes del mundo y de haber erradicado a “trece millones” de personas de la pobreza gracias a políticas recientes. Pero reducir la pobreza a estadísticas es peligroso; el avance real requiere de sostenibilidad, inversión, empleo formal y un crecimiento constante. La mejora temporal de indicadores no constituye una solución duradera si no se fortalece la productividad.
En lo que respecta a la inversión, el objetivo de llevarla al 25% del PIB para 2026 y al 28% para 2030 es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, es fundamental preguntarse qué medidas ha tomado el gobierno para garantizar que esta inversión se realice de manera sostenida. La inversión no es algo que se decreta; hay que crear un entorno de reglas claras, certidumbre y seguridad jurídica. La lentitud en la obtención de permisos, reconocida como un problema significativo, refleja un Estado que a menudo se percibe como obstructor.
A pesar de la intención de reducir los tiempos de espera en la obtención de permisos, la solución no es simplemente la creación de nuevas oficinas. El verdadero cambio requiere eliminar la discrecionalidad y digitalizar los trámites, además de erradicar incentivos que convierten los procesos administrativos en negocios a expensas del ciudadano.
Davos también se ha centrado en resaltar fortalezas industriales, como el sector de camiones pesados y semiconductores, pero una lista de capacidades no implica una estrategia de desarrollo efectiva. Las necesidades reales incluyen mejorar la infraestructura, la seguridad y el marco legal. Estas son decisiones que requieren valentía y un enfoque más práctico, pues no se resuelven con discursos.
Finalmente, aunque se celebran indicios de estabilidad macroeconómica en términos de inflación y empleo, la realidad cotidiana de los ciudadanos se compone de costos sencillos, como el precio de los alimentos y los servicios básicos. La estabilidad macro no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para el desarrollo. Sin embargo, en México, parece haber una dicotomía entre la autocomplacencia por la estabilidad y la falta de atención a la necesidad de crecimiento real en la vida de los ciudadanos.
En resumen, mientras se planean soluciones ambiciosas en foros internacionales, la economía diaria de los mexicanos sigue luchando con cifras que brillan en los discursos, pero que no se traducen en un bienestar tangible. El desafío radica en convertir las promesas en realidades que resuenen no solo en los foros internacionales, sino en cada hogar del país.
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