El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al declarar la validez constitucional del artículo 2448 D del Código Civil para la Ciudad de México. Este artículo establece que el incremento anual de la renta para inmuebles destinados a casa habitación no podrá ser mayor a la inflación del año anterior. Esta medida busca proteger a los inquilinos de aumentos desmedidos que puedan obstaculizar su acceso a una vivienda digna y asequible.
La sentencia subraya que la reforma tiene un propósito constitucionalmente válido: garantizar el derecho fundamental a una vivienda adecuada. Al limitar los incrementos en las rentas, se busca actuar como un salvaguarda contra las alzas excesivas que podrían llevar a las personas a abandonar sus hogares, un fenómeno que afecta especialmente a víctimas de gentrificación y a aquellos con recursos limitados. Como resultado, muchos inquilinos se ven forzados a trasladarse a áreas más periféricas de la ciudad, generando complicaciones en su movilidad diaria hacia el trabajo o la escuela y aumentando los gastos relacionados con el transporte.
Según la disposición normativa, la renta debe fijarse en moneda nacional y su aumento anual no podrá exceder el índice de inflación reportado por el Banco de México en el año previo, correspondiente a la renta acordada. Esta regulación responde no solo a una problemática nacional, sino que también se justifica a nivel internacional. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, notablemente destacó que esta medida, respaldada por el Artículo 4° de la Constitución, se basa en los estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, que enfatizan la necesidad de que los gastos de vivienda sean sostenibles, protegiendo así a los inquilinos de incrementos excesivos.
No obstante, la resolución sobre la enmienda del artículo 2448-F, que impone la obligación de registrar los contratos de arrendamiento en un registro digital según lo establecido por el gobierno de la Ciudad de México, aún está pendiente. Esta decisión será clave para fortalecer la regulación del mercado de arrendamientos y ofrecer un mayor nivel de protección a los inquilinos.
Esta declaración de la SCJN se produce en un contexto en el que la lucha por garantizar el acceso a la vivienda adecuada cobra una relevancia crucial, especialmente en una metrópoli como la Ciudad de México, donde la escasez de vivienda asequible y el aumento de la gentrificación son desafíos que requieren atención urgente. La reciente sentencia representa un paso significativo hacia la defensa de los derechos de los arrendatarios y la búsqueda de una ciudad más equitativa para todos sus habitantes.
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