El Gobierno optó la semana pasada por un atracón de medidas enmarcadas en un amplio plan para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. En medio de una crisis feroz, esas dos semanas se hicieron eternas, pero el Gobierno quiso esperar a ver el resultado de la cumbre de jefes de Estado que se celebró en Bruselas el 24 y el 25 de marzo. En ella se dirimía la medida estrella, la que realmente puede tener un efecto importante en la caída de los precios de la electricidad y que puede poner en jaque el futuro de un mercado marginalista que, hasta ahora, se ha considerado sagrado.
Junto con su homólogo portugués, Antonio Costa, el presidente, Pedro Sánchez, arrancó a Bruselas un acuerdo sin precedentes que, aunque no implica una intervención directa en el mercado mayorista (pool), pues no toca el algoritmo de casación europeo, permite a la Península compensar el coste del gas para generar electricidad, con lo que las ofertas de las centrales de ciclo combinado en el pool bajarán y, con ello, el precio marginal que cobra el resto de energías (las llamadas infra marginales: nuclear, hidroeléctrica y renovable).
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Se trata de un complicado mecanismo (otro más para el enredado ovillo de la regulación electrica), según el cual, se realizarán dos subastas: una, como hasta ahora, para la demanda europea y, otra, una réplica de la primera, pero con el precio del gas limitado. La diferencia (el gas cobrará en cualquier caso su precio real) se prorrateará entre el resto de las horas y lo pagará la demanda. El inconveniente de esta medida era la presión exportadora desde Francia, que habría demandado la energía más barata del mercado ibérico (Mibel), lo que habría resultado contraproducente: a mayor demanda, mayor producción con gas, lo que habría elevado el marginal. La opción de cerrar la interconexión, que las empresas del sector llegaron a plantear, resultaba un anatema.
¿Y por qué 30 euros/MWh? Aunque la Comisión Europea se ha comprometido a ser flexible en la interpretación de la normativa, quiere fijar un precio más elevado, de unos 70 euros/MWh, para que el diferencial entre la Península y el resto de países no sea muy elevado, y evitar así poner en evidencia los males de un sistema marginalista que, según la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “se diseñó en los años 90 para pocos operadores y precios muy próxims”. Al poner el listón muy bajo (o no tanto, si se tiene en cuenta que el precio del gas en Estados Unidos se sitúa en 7 dólares/MWh), los Gobiernos ibéricos aspiran a conseguir en un término medio.
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La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, aseguró tras la cumbre europea, que una posible reforma del mercado se podría analizar más adelante, tras la propuesta que están elaborando los reguladores sectoriales europeos, a través de ACER, si bien, los técnicos de la CNMC ya han advertido que no hay que esperar mucho del informe de este organismo, que podría conocerse en abril.
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