La Comisión Europea está empeñada en salvar el Protocolo del Brexit para Irlanda del Norte pactado a última hora en la Nochebuena de 2020. La andanada del Gobierno británico contra ese pacto, que firmó y asumió entonces, abogando por uno nuevo con modificaciones inasumibles en Bruselas, no ha cambiado los planes del Ejecutivo comunitario. El miércoles dará el visto bueno a la oferta que lleva tiempo preparando. La propuesta de la Unión Europea consistirá básicamente, según lo poco que ha trascendido hasta ahora, en aligerar los trámites aduaneros previstos en principio. Poco más.
“Lo que necesitamos es centrarnos en los problemas prácticos que los ciudadanos y las empresas se están encontrando”, apuntó en septiembre Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea, en una visita a Irlanda del Norte. Con estas palabras, el también responsable del Brexit en el Ejecutivo comunitario admitía que el acuerdo estaba causando problemas cotidianos que había que revisar. Y ahí es donde hay que enmarcar esa simplificación de trámites aduaneros en la entrada de productos al Úlster, algo que se desarrolla en los artículos 5 y 7 del texto pactado.
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Se aliviaría así la situación sobre las importaciones, especialmente en productos tradicionales de la zona, como las salchichas, según adelantó Politico. Esta sería la respuesta de la Unión Europea a parte de lo planteado por Londres el pasado verano, tras varios meses de tensión en los que ya puso sobre la mesa la necesidad de reformular a fondo el marco suscrito hace 10 meses.
Pero lo que no pasa por la cabeza de los responsables comunitarios es plegarse a las exigencias sobre los tribunales, reiteradas el martes por el ministro británico para el Brexit, David Frost. Eso supondría romper el principio de mercado único si no se levanta una aduana entre las dos Irlandas. Y eso es entrar en un terreno muy pantanoso, ya que supondría traicionar los acuerdos de paz de Viernes Santo de 1998, que pusieron fin al terrorismo en el Úlster y contemplaban la desaparición de las fronteras físicas entre la República de Irlanda y los seis condados del norte.
La negociación de un nuevo Protocolo choca, a priori, con varios obstáculos. El primero es el más evidente: ya se acordó uno y se asumió por las dos partes, y ahora una de ellas rechaza cumplirlo. El Gobierno de Boris Johnson comenzó a alterar unilateralmente el texto a finales de febrero, apenas dos meses después de firmarlo, cuando prorrogó por su cuenta los periodos de gracia para supermercados y exportadores en la llegada de productos de Gran Bretaña a Irlanda.
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Pero hay más trabas, una de ellas son los propios equilibrios internos de la Unión Europea. Difícilmente Francia va a aceptar ahora que se abra con detalle el Protocolo irlandés. Las relaciones entre ambos países están muy caldeadas ahora por los problemas que están poniendo las autoridades británicas a conceder licencias de pesca cerca de las islas de Jersey y Guernsey, en el canal de La Mancha y por la firma de la alianza militar que Londres suscribió con Estados Unidos y Australia a espaldas de París.
En este contexto, el deseo del Reino Unido de tener un nuevo marco que responda a sus exigencias en menos de un mes se antoja un deseo casi imposible de cumplir. Aunque para lograrlo, Frost haya vuelto a mencionar que Downing Street está dispuesto a apretar el botón nuclear, es decir, recurrir al artículo 16 del Protocolo firmado en diciembre, que implica su suspensión por decisión unilateral de una de las partes.
