Los investigadores de la Guardia Civil insisten en que el grupo de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), detenidos en septiembre de 2019 durante la Operación Judas por formar un grupúsculo bautizado como Equipo de Respuesta Táctica (ERT), formaron una “organización criminal con finalidad terrorista”. Así lo plasman los agentes del instituto armado en un nuevo informe enviado al juzgado de la Audiencia Nacional donde se instruye esta causa. “[Los imputados], a través de su participación en diferentes acciones promovidas [por los ERT], demostraron un especial compromiso, radicalidad y predisposición al empleo de medios violentos”, subraya el documento, fechado el pasado 20 de mayo y al que tuvo acceso.
A lo largo de 103 páginas, la Guardia Civil detalla al juez los indicios recabados durante su investigación y le expone finalmente sus principales conclusiones. “Ha quedado contrastado […] que atendían a una finalidad única, que no era otra que la de coadyuvar a la independencia del territorio de Cataluña”, exponen los investigadores. Estos recalcan que el grupúsculo recibió un “encargo” del “colectivo clandestino denominado CNI catalán”: llegado el “día D”, debían asaltar, ocupar y “defender” el Parlament, “con la finalidad de producir un efecto desestabilizador en el Estado español”. En este punto, los agentes afirman que no han podido determinar a qué fecha concreta se refiere ese “día D”, pero apuntan que “podría” coincidir con la publicación de la sentencia que condenó a los líderes políticos del procés.
Según el instituto armado, además, “se transmitió a los investigados la necesidad de elaborar sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas” para llevar a cabo acciones violentas. Los agentes incluyen entre sus objetivos cuarteles de la Guardia Civil, infraestructuras o el centro logístico de la empresa Amazon, localizado en Martorelles (Barcelona).
También destacan que uno de los detenidos, Jordi Ros,. Realizó búsquedas en internet de “personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos”. “Estos datos tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes”. Dice el informe, que incluye sus nombres: Pablo Casado, presidente del PP; Manuel Valls, elegido concejal de Barcelona en las pasadas elecciones municipales; Marta Morell (Podem) y Marta Farrés (PSC), edil y alcaldesa de Sabadell respectivamente; Joan López, exdiputado autonómico del PP; José Manuel Villegas, ex secretario general de Ciudadanos; y Francisco Aranda, parlamentario socialista en la Cámara catalana.
El documento concluye que, de cara al Día D, se ha “conseguido acreditar” que los arrestados compraron materias primas y elaboraron compuestos para obtener “sustancias deflagrantes. Sustancias explosivas como el hexógeno, el nitrato de amonio, la tetralita, la nitrocelulosa, la cloratita, el amonal, el amosal o el anfo”. Además, pusieron en marcha dos “laboratorios caseros y clandestinos”.
Los investigadores también informan al juez de que los ERT pusieron en marcha un plan para tejer. Una red de comunicaciones segura en el entorno del Parlament, de tal manera que se garantizase la comunicación entre el interior y el exterior durante todo el tiempo que durase su ocupación.
La organización gozaba de una elevada cohesión favorecida por la común pertenencia previa a los CDR. Que permitía que todos sus integrantes persiguieran una misma finalidad en sus acciones. Así como compartieran un sustrato ideológico relativamente homogéneo y favorable a la obtención de la independencia catalana a través de un activismo radical”, prosigue el instituto armado.
INFORMACIÓN
La detención de los supuestos integrantes de los ERT se produjo el 23 de septiembre de 2019. La Guardia Civil arrestó a nueve personas, siete de las cuales entraron en prisión provisional, aunque posteriormente la Audiencia Nacional las fue dejando en libertad. Además, las pesquisas se ampliaron posteriormente a otros cuatro imputados. El magistrado Manuel García-Castellón activó esta investigación por delitos de terrorismo. Aunque la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha llegado a cuestionar que los investigados integrasen un grupo de estas características.
El tribunal vio “indicios suficientes” de que los arrestados participasen en las operaciones bajo sospechas. Pero se declaró incapaz de “emitir un juicio definitivo suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos”. Sobre todo, al considerar que no existe una “previa organización” que haya sido declarada como tal “judicialmente”.
