La reciente apertura del juicio en Estados Unidos contra la familia Jensen ha revelado una compleja red criminal que supuestamente facilitó la introducción ilegal de miles de cargamentos de petróleo crudo robado de Petróleos Mexicanos (Pemex) al país norteamericano. Se alega que el patriarca de la familia, James Jensen, junto a su esposa Kelly Anne y sus dos hijos, traficaron entre 2018 y 2025 más de 4.000 envíos de crudo, presentando declaraciones engañosas para eludir el pago de impuestos.
Investigaciones han logrado vincular a los Jensen con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos líderes han sido identificados en documentos judiciales. Estos registros incluyen informes elaborados por la DEA, que destacan conversaciones entre agentes y un empresario que colabora como informante, describiendo un sistema de extorsiones a nombre del cartel. Tal esquema involucraba la creación de documentos falsificados por agentes aduanales mexicanos para exportar petróleo crudo a Estados Unidos.
La magnitud del contrabando es alarmante: el gobierno estadounidense ha calculado que el valor de lo que fue introducido de manera ilícita desde México asciende a 300 millones de dólares. Una cifra alarmante cuando se considera que, de cada cargamento, se esperaba un pago de 2.000 dólares a los carteles, lo que implica que al menos ocho millones de dólares habrían llegado a financiar actividades criminales como las del CJNG.
Uno de los actores clave en esta trama es Luxemborg Trading LLC, una firma texana que, a pesar de parecer un negocio de transporte ordinario, ha sido catalogada como parte de una red de compañías fantasma involucradas en la evasión fiscal. Desde su constitución en 2010, ha realizado casi 2.600 importaciones de productos petrolíferos desde México, principalmente a través de cuatro empresas en Reynosa, Tamaulipas, que han sido sancionadas por las autoridades fiscales de México por simular operaciones para evadir impuestos.
Particularmente destacable es Comercializadora Internacional Dadedi-Mtz, que a pesar de ser considerada una empresa de papel y de haber sido suspendida por el SAT, realizó 1.444 envíos a Luxemborg Trading, reflejando un esquema de operaciones que desafía la normativa al permanecer activo incluso después de ser denunciada.
Estos cargamentos no solo incluyen petróleo crudo, sino que se registraron bajo diversas fracciones arancelarias para evitar tarifas aduaneras, con una sorprendente mayoría —89%— clasificada incorrectamente como aceites y aditivos. Este desvió ha permitido que los Jensen operaran con una aparente impunidad, a pesar de las numerosas denuncias de Pemex sobre el robo y la venta ilegal de sus productos desde 2010.
El juicio se ha convertido en un punto focal del interés público, no solo por las implicaciones legales para la familia Jensen, sino también por la evidencia de complicidad entre el crimen organizado mexicano y actores en Estados Unidos. Las autoridades intentan establecer la conexión clara entre el CJNG y la familia, a medida que se desarrollan los testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso.
A medida que el juicio avanza, queda por ver cómo se desentrañarán los hilos de esta intrincada red, pero una cosa es cierta: lo ocurrido en esta frontera es un reflejo de un problema más amplio que involucra el tráfico de recursos estratégicos y los lazos entre la criminalidad y el comercio legítimo.
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