En el viejo Palacio del Santo Oficio, antigua sala de mandos donde la Inquisición juzgaba y castigaba los pecados de herejes de todo pelaje ―todavía se conservan algunos de los artilugios para la tortura y un viejo calabozo―, tiene hoy sus oficinas la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Este organismo era hasta ahora el más importante jerárquicamente de la Santa Sede, tanto que en 1965 fue conocido como La Suprema y su prefecto era el propio Pontífice. Pero la reforma de la Curia que tiene en mente el papa Francisco ―que pondría en primer lugar el nuevo gran ministerio de Evangelización― y un lento proceso de reestructuración, la sitúan ahora mismo en un momento de cambio particular. Justo cuando la investigación de los abusos a menores por parte del clero está adquiriendo más relevancia en todo el mundo y se necesitará una respuesta más dinámica desde Roma. Un momento en que la CDF deberá decidir si potencia su naturaleza de tribunal o su vertiente teológica.
Cada viernes por la mañana un grupo altos cargos de la CDF se sienta alrededor de la mesa de juntas y debate los casos de abusos que han llegado a Roma. La reunión de ese día es crucial para determinar lo que se está haciendo bien o mal en las instancias inferiores (las diócesis de cada país) y para encarrilar procesos o recursos que llegan a Roma. Las decisiones que se toman marcan el nivel de transparencia, disciplina y de castigo de la Iglesia universal en un tema que determinará su credibilidad en las próximas décadas. Pero ni la Iglesia es una organización piramidal ni este dicasterio tiene, a veces, más poder que un obispo de provincia. De ahí que tantas veces se cree la sensación de que no se acatan las decisiones tomadas en Roma.
La respuesta a este problema es antigua y forma parte del secreto de la longevidad de esta institución, tal y como señala un alto cargo de la curia. “La Iglesia está estructurada como un colegio apostólico. Es decir, como Pedro y los 11 apóstoles. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y el obispo de Roma ―el Papa― es el de Pedro. Todos tienen potestad plena en sus diócesis. Están tutelados y acompañados por Pedro, pero no se pueden imponer las decisiones. No son sus vicarios, no tienen potestad delegada. Tienen potestad propia. Lo que puede hacer la curia es ayudar al Papa en esa vigilancia, pero no se pueden imponer. No es una estructura de este tipo. Luego ellos pueden hacer caso, no hacerlo… Y lo mismo pasa en las conferencias episcopales. Quien tiene la responsabilidad son los obispos”, aclara. Una estructura de este tipo tiene ventajas: permite sobrevivir muchos años evitando choques frontales. Pero también genera situaciones en las que la responsabilidad particular queda diluida. Como en el problema de los abusos.
La CDF se ocupa de los asuntos doctrinales y los delitos contra la fe. Pero, fundamentalmente, evalúa los crímenes de abusos a menores o a adultos con uso deficiente de la razón habitual con un equipo de una veintena de oficiales repartidos por zonas geográficas y lenguas: dos españoles, dos latinoamericanos (un argentino y un mexicano), dos estadounidenses, un francés, tres italianos, tres polacos, dos indios, dos alemanes o un austriaco. Solo se hace en segunda y tercera instancia. Es decir, la primera investigación se hace en las diócesis correspondientes y el Vaticano supervisa que se haya hecho bien luego o juzga los recursos que pueda haber. Se respeta el principio de subsidiariedad siempre, según el cual si se puede hacer en instancias inferiores, el Vaticano no entra. Solo en algunos casos que el propio Papa ordena ―el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, en México o los casos de Chile― la Congregación para la Doctrina de la Fe toma las riendas del proceso, llegando a desplazar a un equipo.
Las costuras del viejo Santo Oficio, en un momento crucial, comienzan a apretar al sistema. El prefecto del dicasterio, el jesuita español, Luis Ladaria, tiene 78 años y un perfil quizá más teológico que jurídico. El mallorquín, además, fue acusado en 2018 de intentar silenciar dos casos de abusos para “evitar un escándalo público”, tal y como él mismo escribió en sendas cartas en los casos que afectaban a un cura francés y a un italiano (esta semana el periódico italiano Domani ha desempolvado la historia). El tribunal de Lyon, en el primero, pidió que Ladaria declarase en el juicio contra el cardenal Philippe Barbarin, acusado de encubrir abusos del sacerdote depredador Bernard Preynat, finalmente condenado a seis meses de cárcel. El Vaticano, sin embargo, evitó que el cardenal español declarase invocando su inmunidad diplomática. La jugada no le dejó en muy buen lugar, pero Ladaria goza de la confianza del Papa, que se reúne con él periódicamente.
La estructura por debajo del prefecto debería apoyarse en el secretario del dicasterio. Pero Giacomo Morandi, el último que ejerció esa función, fue apartado por Francisco hace dos meses ―lo mandó a la diócesis de Reggio Emilia-Guastalla, en la región italiana de la Emilia-Romaña, al norte del país― y todavía no ha sido sustituido. Su papel es crucial en la organización de la Congregación, pero hubo algunos incidentes que pusieron en aprietos la visión pública del Pontífice respecto a la acogida de los homosexuales en la Iglesia católica (Morandi publicó un documento oficial en el que negaba la bendición a las parejas gais en plena apertura de Francisco a esa realidad). Por debajo se encuentran dos secretarios adjuntos: el estadounidense Joseph Augustine Di Noia y el maltés Charles Scicluna. Este último, conocido como el cazador de pederastas, es un uno de los máximos expertos de la Iglesia en la investigación procesos contra abusadores y lideró los casos de Maciel y de la Iglesia chilena.
Scicluna, sin embargo, tiene además gran conocimiento doctrinal y apoyó al Papa cuando arreciaron las críticas por la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (que abría la puerta de la comunión a divorciados) y la Congregación por la Doctrina de la Fe, con Ladaria y Morandi a la cabeza, se puso de perfil. Scicluna, fundamental también en la investigación sobre el cardenal Theodore McCarrick que salpicó en un primer momento a Francisco y en el éxito de la cumbre sinodal dedicada a los abusos en 2019, podría ser una pieza crucial en el futuro de la Congregación. Hoy, sin embargo, vive en Malta, de donde es arzobispo (el Papa visitará Columna Digital a comienzos de abril). Las reformas en este departamento serán cruciales para afrontar la cuestión en los próximos años.
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