Los datos laborales del Congreso de la Unión revelan un aspecto preocupante del proceso legislativo en México: no es la falta de iniciativas, sino la incapacidad para llevarlas a un dictamen efectivo. Durante un tiempo en que la agenda laboral se expande con numerosas propuestas en ambas cámaras, apenas una fracción puede avanzar hacia un análisis y resolución sustantiva. Esta discrepancia se ha convertido en la característica predominante del actual ciclo legislativo.
Jorge Sales Boyoli, socio director de una firma de análisis, destacó que un asombroso 96.9% de las iniciativas laborales presentadas permanece sin dictamen ni votación. Esta cifra contrasta dramáticamente con la percepción de una intensa actividad parlamentaria y pone de manifiesto que la acumulación de proyectos ha reemplazado al debate técnico y la construcción normativa efectiva.
A pesar de este rezago legislativo, el Ejecutivo federal ha mostrado una eficiencia sin precedentes. En el periodo 2024-2025, las iniciativas presidenciales han registrado una tasa de aprobación del 92.19%, la más alta en los últimos cuatro sexenios. En el ámbito laboral, el índice de éxito ha alcanzado un notable 71.42%, con cinco de siete reformas aprobadas.
Entre las propuestas aún pendientes se encuentra la posibilidad de reducir la jornada laboral a 40 horas en la Ley Federal del Trabajo y su armonización constitucional. Estas medidas están en espera, pero con un contexto político favorable, su aprobación parece probable en el próximo periodo ordinario que comenzará en febrero.
El contraste entre la cantidad de iniciativas introducidas y las que logran ser aprobadas resalta un desajuste en el proceso legislativo. En el Senado, se han presentado 97 iniciativas laborales, mientras que en la Cámara de Diputados, hay 142, y muy pocas superan la etapa inicial del trámite parlamentario. Morena, el partido en el poder, concentra la mayor parte de estas propuestas, representando el 47.4% en la Cámara alta y el 35.2% en la baja, aunque su impacto real es mínimo.
Sales Boyoli subraya que esta sobreproducción legislativa se enfoca en derechos sociales de alto impacto simbólico, como las licencias de maternidad y paternidad, salud mental en el trabajo, igualdad salarial y la lucha contra la violencia de género. Aunque estos son temas con respaldo social significativo, la falta de evaluaciones sobre su impacto presupuestario, viabilidad operativa y fortalecimiento institucional limita su potencial de aplicación real.
El riesgo de este modelo es claro: el derecho laboral podría dejar de ser un instrumento de equilibrio entre capital y trabajo y transformarse en una herramienta de legitimación política. La rapidez en la creación de normas, sin la capacidad de inspección y cumplimiento efectivo, puede resultar en una inflación regulatoria que incremente la litigiosidad y los costos de cumplimiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
En el mediano plazo, la acumulación de normas desarticuladas podría tener efectos contraproducentes. Lejos de mejorar las condiciones laborales, esta saturación normativa podría fomentar la informalidad y erosionar la confianza en el sistema de justicia laboral. Este espejismo de productividad legislativa corre el riesgo de ocultar un deterioro en la calidad y efectividad del derecho laboral en el país.
Datos recientes, hasta el 25 de enero de 2026, sugieren que esta tendencia podría requerir revisiones urgentes para asegurar que el proceso legislativo no solo produzca volumen, sino que también se enfoque en resultados concretos y efectivos que beneficien a los trabajadores y la economía en general.
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