La imagen no podía ser peor. En un primer video se ve a dos niños dentro de un local comercial, quienes minutos antes habían sido capturados por la comunidad cometiendo un robo. Luego, en una segunda imagen, se observa a los dos jóvenes tirados en una carretera. Uno de ellos, con las manos atadas tirado a la orilla de una carretera; el otro, el más joven, en la mitad de carretera en medio de un charco de sangre y con lo que sería un disparo en la cabeza. La conclusión es que organizaciones ilegales en la zona asesinaron a los niños. Una práctica bastante común en muchas zonas de Colombia donde éstas administran justicia ante la ausencia del Estado.
Este hecho causó una indignación en un sector de la población, sobre todo, en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, esto que parece un hecho excepcional, en la vida real muestra la cara de un Colombia que es devorada por una nueva ola de violencia. Las explicaciones a estos hechos son tres. Por un lado, al menos, 200 municipios de los poco más de 1.100 que tiene Colombia están viviendo lo que sería una nueva ola de violencia. En estas zonas, los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales intentan ganarse la lealtad de la población administrando justicia. Una práctica tradicional desde hace muchas décadas. Por ello muestran sevicia en actos como los ocurridos en el municipio de Tibú. De hecho, en esta población, ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela, se vive uno de los reacomodos criminales más violentos luego de la dejación de armas de las FARC.
La segunda explicación es que el Estado colombiano, luego de la dejación de armas de la entonces guerrilla de las FARC, nunca logró diseñar e implementar una estrategia de copamiento territorial de las zonas donde antes operaba. Esta estrategia, no solo hacía referencia a la presencia militar o policial, sino a una presencia más integral que involucre la admiración de justicia. En muchas de estas zonas las organizaciones criminales administran todo, la convivencia, y hasta las infidelidades matrimoniales. El problema con el servicio de administración de justicia estatal es que no solo no existe, sino que en muchas zonas se tiene una visión muy negativa de ella. Los pobladores acusan a las autoridades judiciales de ser corruptas y demoradas. De esa manera, servicios déspotas, pero ágiles como el de organizaciones criminales son los que más atraen a comunidades enteras.
En tercer lugar, en muchas zonas del país no solo hay una disputa y los grupos criminales administran justicia sino que la poca infraestructura comunitaria para regular la vida social ha sido diezmada en los últimos años. Durante años, las FARC crearon un mecanismo en el que cada frente guerrillero hacía juicios y tomaba la justicia por sus manos. Ante desmanes y situaciones arbitrarias, la guerrilla comenzó a perder apoyo social ya que con un mínimo de información tomaban decisiones y asesinaron a miles de civiles por simples comentarios. La guerrilla comenzó entonces a delegar esas funciones en las Juntas de Acción Comunal, es decir, en las comunidades y se crearon mecanismos informales para resolver temas de convivencia y justicia.
Esos mecanismos basados en tres instancias fueron desconocidos y aislados por el Estado Colombiano, luego, los grupos ilegales comenzaron a destruirlos mediante el asesinato de miembros y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Al final, lo están destruyendo todo y el Estado no ha sido capaz de copar esos territorios. Estos hechos muestran la nueva ola de violencia que incubó Colombia durante estos 4 años del gobierno de Iván Duque que se dedicó a destruir el Acuerdo de Paz. Las consecuencias del saboteo saltan a la vista.
