En un momento crítico para la economía global, donde la dinámica de integración y competencia se transforma, México se enfrenta a un desafío estratégico fundamental: ¿cómo negociar de manera más efectiva en un entorno cada vez más competitivo? La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) nos obliga a replantear no solo los términos de la negociación, sino también la composición de los actores involucrados en ella.
A pesar de que México es una federación, las negociaciones comerciales han seguido una lógica centralista durante décadas, dejando de lado la riqueza y la experiencia que los territorios pueden aportar. Esta visión, ahora insuficiente, tiene un impacto directo en sectores económicos estatales, sus exportaciones y, en última instancia, en millones de empleos.
Reforzar la participación de gobiernos subnacionales en las mesas de negociación del T-MEC se vuelve esencial. Se trata de enriquecer la discusión con información local, conocimiento sectorial y perspectivas productivas, en lugar de limitarse a decisiones unilaterales del gobierno federal. La Asociación Mexicana de Autoridades de Inversión Extranjera (AMAIE) es un vehículo importante en este proceso, promoviendo estas interacciones.
Consultas recientes, donde se involucraron a 2,900 empresarios e industriales, han revelado preocupaciones clave para la próxima ronda de negociaciones: la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, reglas de origen, el mecanismo laboral de respuesta rápida y prácticas de comercio desleal en productos agropecuarios. Es crucial subrayar que el comercio en América del Norte supera los 834 mil millones de dólares anuales, lo que resalta la importancia de una negociación que considere equitativamente a todos los estados.
Cada entidad federativa tiene su propio tejido productivo que se ve afectado por las decisiones comerciales. Chiapas, por ejemplo, depende del plátano; Michoacán, del aguacate; y Colima, del limón, entre otros productos. Las condiciones sanitarias y las reglas logísticas que se establecen en los tratados afectan directamente la competitividad de estos sectores. La realidad es similar en Sinaloa con el tomate y Jalisco con el tequila.
En el norte del país, Nuevo León se erige como un modelo de integración económica. Su papel como centro industrial de América Latina afecta directamente a las empresas que dependen de reglas comerciales claras y estables para operar eficientemente en el mercado norteamericano.
Cuando se discuten reglas de origen, comercio digital y estándares laborales, no son simples conceptos; son decisiones que repercuten en la competitividad y en la capacidad de atraer inversiones y generar empleo en las industrias locales.
Incorporar la visión de los estados en el proceso de negociación no debilita a México; más bien, la robustece. Permite anticipar riesgos, entender dinámicas productivas y construir una postura nacional sólida y bien informada. La experiencia internacional muestra que las economías federales más competitivas prosperan cuando existe una coordinación efectiva entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales.
Mientras tanto, la AMAIE sostiene que para establecer una verdadera diplomacia económica federalista, tanto la federación como los estados deben trabajar en conjunto. Esto es esencial para atraer inversiones y fortalecer cadenas productivas en un momento en que el nearshoring ofrece oportunidades sin precedentes en América del Norte.
La competitividad de México no se define solo en sus capitales sino también en los campos agrícolas de Michoacán, los puertos del Pacífico y los parques industriales de Nuevo León. Abriendo la mesa del T-MEC a la experiencia de los estados, México podrá negociar con mayor inteligencia, defender mejor sus sectores productivos y consolidar su papel como motor económico en la región.
Esta información corresponde a datos recabados hasta el 25 de marzo de 2026, y su relevancia es innegable en el contexto actual del comercio internacional. La invitación es a repensar la forma en la que se abordan estas negociaciones, reconociendo que la suma de las experiencias estatales puede resultar en un enfoque más efectivo y equitativo en la defensa de nuestros intereses económicos.
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