La decisión de la justicia italiana de dejar en suspenso la causa contra Carles Puigdemont no sorprendió este lunes en el Tribunal Supremo. Pero aunque esperada, la resolución de la Corte de Apelación de Sassari causó cierta indignación en el entorno del alto tribunal. “Es tan previsible como disparatada”, resumía una fuente de la sala a la que pertenece el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena. El razonamiento en el Supremo es el opuesto al que ha hecho el tribunal sardo: Puigdemont no tiene ahora inmunidad y, además, las posibilidades de que el Tribunal General de la UE anule de forma definitiva esta decisión, votada en marzo pasado por el Europarlamento, son “ínfimas”, por lo que no había razón para frenar ahora el procedimiento de entrega.
No obstante, el camino que ha tomado ahora el tribunal italiano ya fue apuntado el pasado jueves por el juez Llarena, en el escrito que envió para recordar que la euroorden contra Puigdemont sigue activa. El magistrado pedía la entrega inmediata del expresident, pero ofrecía también la alternativa de dejar en suspenso el proceso si Puigdemont pedía que le devolvieran cautelarmente la inmunidad o si el tribunal de Sassari entendía que le afectaba la cuestión prejudicial pendiente de resolver por el Tribunal de Justicia de la UE respecto a la euroorden que tramita Bélgica.
Italia ha optado por esta opción aunque antes de que la justicia europea haya resuelto sobre la medida cautelar solicitada por Puigdemont para su inmunidad.
Este es el razonamiento que más ha chocado en el seno del Supremo, donde se considera que, con la situación actual, la inmunidad no debía ser un impedimento para actuar contra el expresident.
La decisión del tribunal italiano no ha sido, no obstante, la que más temía el alto tribunal, donde había cierto miedo a que Italia archivara el caso. La suspensión acordada este lunes implica que el procedimiento se mantiene abierto y que, cuando se resuelvan los dos obstáculos a los que alude el tribunal de Sassari para frenar ahora la entrega (las dos resoluciones pendientes de la justicia europea), podrá retomarse.
Sin embargo, hay temor en el alto tribunal de que la causa en Italia se acabará perdiendo porque Puigdemont no se presentará ante los jueces de este país cuando se quiera reactivar el procedimiento. Y si el expresidente no acude, el caso se archivará. El tribunal de Cerdeña ha rechazado adoptar sobre el eurodiputado alguna medida cautelar, por lo que Puigdemont volverá ahora a Bélgica y los jueces de Cerdeña, si quisieran retomar la causa en el futuro, tendrían que fiarlo todo a que el expresidente acudiera a su llamada.
El Supremo asume que el camino es difícil y también que si fracasa este intento, hay pocas opciones de que fructifique una euroorden contra Puigdemont.
“Si Italia no lo entrega, no va a ser entregado nunca”, lamenta una fuente del Supremo, que alude a la estrecha cooperación judicial de España con este país. Pero el caso de Puigdemont, sostienen en el Supremo, ha trascendido en los tribunales europeos lo jurídico para convertirse en un asunto político.
La resolución de la Corte de Apelación de Cagliari, a la que ha tenido acceso Columna Digital, centra su argumentación en el hecho de que el caso Puigdemont se encuentra en el aire, pendiente de lo que diga el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el Tribunal General de la UE (TGUE). El Tribunal Supremo español, según recoge la resolución de cuatro folios en italiano, presentó ante el TJUE una cuestión prejudicial sobre la euroorden dictada contra Puigdemont, la cual habría paralizado el proceso.
El Supremo difiere de esta interpretación y entiende que el procedimiento solo está suspendido en Bélgica porque la cuestión elevada por Llarena nada más que afecta a cómo está aplicando las euroórdenes este país. Con todo, el alto tribunal admite que Italia pueda preferir esperar a la respuesta que dé la justicia europea.
El tribunal de apelación sardo recuerda el largo y complejo periplo judicial de Puigdemont, el cual gozaba “como diputado del Parlamento Europeo de las inmunidades establecidas por el artículo 9 del Protocolo de la Unión”; en particular, expone, aquella que exime de cualquier medida de internamiento y procedimiento judicial en un Estado miembro distinto al suyo.
También, añade, tenía el derecho a moverse libremente dentro de la Unión Europea “para cumplir su mandato como eurodiputado”.
La primera de estas inmunidades quedó suspendida en marzo, cuando la Eurocámara votó a favor del suplicatorio, y es precisamente esta decisión la que Puigdemont impugnó ante el tribunal europeo. La defensa del expresidente de la Generalitat volvió a solicitar el pasado viernes que se le restituyera de forma cautelar esta inmunidad. La segunda de las inmunidades mencionadas, en cambio, seguiría vigente. “Como señaló el TGUE”, expone el tribunal sardo, “está jurídicamente intacta”.
Las fuentes jurídicas consultadas en el Supremo insisten en que el exdirigente catalán tiene levantada la inmunidad y prueba de ello es que su defensa ha pedido que se la devuelvan de forma cautelar, por lo que sí se puede abrir un “procedimiento judicial” contra él.
