La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, solicitó (verbalmente) a la Fiscalía Anticorrupción hace un par de semanas un listado de investigados vinculados a la mafia rusa en España. La solicitud, sin justificar el motivo —según fuentes de la Fiscalía—, se produce en el marco de un contexto internacional gravemente desestabilizado por la invasión de Ucrania dirigida por el presidente ruso Vladimir Putin.
El listado, que inicialmente contaba 600 nombres, le fue entregado la semana pasada reducido a medio centenar. En él, figuran tanto investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como testaferros, bufetes de abogados, agentes inmobiliarios… Hay nombres de viejos conocidos y detenidos, como el empresario Gennadios Petrov, junto a su esposa y a su hijo, Anton, “pegado a Putín tras heredar los buenos contactos de su padre”, dicen los investigadores. Petrov padre fue apresado en la operación Troika (en Baleares y la Costa del Sol, 2008).
En “la lista negra” está tambien el general ruso Viktor Kanaikine por la operacíón Clotilde (Lloret de Mar, 2013), donde también fue condenado por soborno el exalcalde de la localidad Xavier Crespo, de CiU, que aspiraba a convertirse en jefe de los Mossos d’Esquadra. Kanaikine es un “héroe” de la extinta URSS y director de la empresa (DDC) que supervisaba los gasoductos de Gazprom. Junto a ellos está Andrei Petrov, de quien la Guardia Civil sostuvo que era en el hombre de Kanaikine en España.
Pero también hay personas como Mijaíl Fridman, dueño de los supermercados Dia con la sociedad LetterOne, sancionado recientemente por la Unión Europea. Fridman está investigado por soborno internacional con su socio Vage Engibaryan por prácticas empresariales sospechosas, “como hundir empresas para comprarlas luego a precio de saldo”, revelan los investigadores, que aseguran que “mantienen muy buenas relaciones con el Ministerio del Interior ruso”.
También aparece el viejo amigo de Putin, Ilyas Traber, imputado por blanqueo y socio de la petrolera PTK, que presuntamente encargó y difundió un dosier con graves acusaciones contra el fiscal José Grinda, que investiga a la mafia rusa en España y que pidió amparo a la Fiscalía General del Estado. Figura también el magnate Vagit Alekperov, exviceministro del Petróleo de la Unión Soviética (URSS) y, después, presidente y máximo accionista de la petrolera Lukoil, quien se fotografió en 2012 con el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el que pretendía ser el centro petrolero del puerto de Barcelona.
Los llamados oligarcas rusos comenzaron a establecerse en España tras la caída de la extinta Unión Soviética en los años noventa, más concretamente tras la caída del muro de Berlín. “Buscaban un refugio, venían cargados del dinero procedente del crimen organizado que campaba por sus respetos en el tránsito de un sistema económico socialista a otro capitalista (asesinatos selectivos, bombas, francotiradores…)”, señalan fuentes de la Guardia Civil. “Otros habían hecho fortuna con la privatización indiscriminada de empresas de sectores estratégicos: petroleras, metales, gas… Empresarios sin escrúpulos, criminales y políticos tomaban posiciones, que han ido evolucionando hasta hoy”. Desde que empezó la guerra, estos agentes extreman la vigilancia de los oligarcas rusos, sus yates y sus inmuebles, tras las restricciones económicas establecidas por la comunidad internacional para presionar a Rusia.
En España hay cerca de 96.000 ciudadanos rusos censados, según el CIS, muchos de ellos asentados en bunkerizadas urbanizaciones de lujo a lo largo del arco mediterráneo español: “Desde Gerona hasta Sotogrande, pasando por la Costa del Sol y las islas, hay zonas de mansiones en las que solo se habla ruso”, dicen los agentes. Acuden a lugares donde ya hay gente de su comunidad, que les puede ayudar y también entre quienes se pueden camuflar.
“Desde Gerona hasta Sotogrande, pasando por la Costa del Sol y las islas, hay zonas de mansiones en las que solo se habla ruso”
Fuentes de la Guardia Civil
Entre esos millonarios oligarcas, que “gastan un millón de euros en la fiesta de cumpleaños de su hija” en Alicante, o “1.500 euros en flores a la semana”, o “tienen un coche de alta gama solo para ir a la hípica”, según los investigadores, hay algunos más alejados ya de Putin que quieren asegurar su capital al tiempo que tratan de borrar su controvertido pasado ruso (en muchos casos son personas que fueron en un inicio encarceladas o perseguidas por el régimen, al que sirvieron después ligados a los llamados “sindicatos del crimen”). Otros, al revés, vienen amparados por el Kremlin: “Hasta el punto de que no solo no contamos con su cooperación en las investigaciones, sino que sospechamos que son boicoteadas (con filtraciones) por parte de agentes de la seguridad de la FSB (Servicio Federal de Seguridad)”, dicen los investigadores.
El caso de la mafia rusa es contrario al de la italiana, según los expertos judiciales de la Fiscalía Anticorrupción y los policiales. Si la camorra busca infiltrarse en las estructuras del Estado, los grupos criminales rusos han sido muchas veces usados por el Estado. “El Gobierno ruso les ha permitido operar, adquirir empresas por la fuerza (Ride), terrenos, monopolizar sectores estratégicos o económicos (cadenas alimentarias, gimnasios, casinos…), siempre y cuando neutralizaran o eliminaran a su peor enemigo: la disidencia”, relatan las mismas fuentes. Por eso reciben su amparo más allá de las fronteras de Rusia.
El modus operandi de quienes han ido recalando en España, en esa diáspora que “inunda de dinero geoestratégicamente” los puntos vulnerables de los sistemas, es sencillo. Su potencia económica les abre las puertas: “Primero buscan un bufete de abogados de confianza y un asesor fiscal anclado en España, ellos les señalan las inversiones interesantes y les facilitan los contactos”.
La mayor parte de inversiones realizadas por los rusos, sobre todo al principio de su llegada y con el boom inmobiliario que vivía la economía española en aquellos años, se centraron en la adquisición de inmuebles en zonas turísticas: complejos hoteleros, casas y apartamentos de lujo… Sin embargo, en los últimos tiempos, como ha ocurrido en otras capitales europeas como Londres (conocida irónicamente como “Londongrado” por la irrupción de los magnates rusos en su distrito financiero) comienzan a surgir nombres rusos ligados al fútbol y a plataformas digitales.
Las operaciones policiales han dejado al descubierto, en los últimos tiempos, las conexiones de estos oligarcas con políticos y agentes de la autoridad entre los investigados, lo que evidencia que han logrado perforar y ejercer su influencia en la administración. “Esa es la mayor amenaza que suponen”, advierten los agentes. “De momento solo se han dado casos a escala local y regional, no estatal”, aseguran.
Cronología de la lucha contra el crimen organizado ruso
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comenzaron a perseguir a la “mafia rusa” en España a principios de este siglo sin saber a qué se enfrentaban. Las primeras operaciones fueron clave para conocer un “fenómeno nuevo” y ahuyentar a muchos de los oligarcas, y Vor z Konen (ladrones en Ley o generales de grupos criminales). “Nuestra principal preocupación era conocer el poder que tenían nuestros investigados, algunos de los cuales nos condujeron hasta el Kremlin”, señalan los investigadores.
Operación Avispa/Ogro (2005-2006)
Es la primera gran operación, “la Nécora contra la mafia rusa”. Policía y Guardia Civil, dirigidos también por el juez Baltasar Garzón, investigaban a presuntos miembros del crimen organizado ruso que se habían asentado en España: Vitaly Izgilov, Zakhar Kalashov, Oleg Tchoubine, Vladimir Tiourine, Djemal Khachizde, o Tariel Oniani desde el 2000. Las autoridades rusas ofrecieron información a cambio de información, que la policía comprobó fue a parar a los oídos de Kalashov, uno de los principales investigados. Fueron detenidas 20 personas: diez en Málaga, cuatro en Alicante, cuatro en Palma de Mallorca y dos en Madrid. Quedó desmantelada “una de las principales estructuras mafiosas rusas del mundo”. Kalashov salió en libertad en 2010.
Operación Troika/Piedras (2008)
Es la mayor operación contra el blanqueo de la mafia rusa y con importantes ramificaciones con las autoridades rusas. Fueron 17 los encausados, que quedaron en libertad en 2018 —diez años después de su acusación— por no poderse demostrar sus vínculos con las organizaciones Tambovskaya y Malishevskaya. Los cabecillas de la trama, Gennadios Petrov (“vinculado al Kremlin”), Viktor Gabrilenkoz y Serguei Kouzmine, huyeron de la justicia tras el auto de procesamiento.
Operación Java (2010)
Contra “ladrones en ley”, 69 detenidos en Europa, 24 en España que se dedicaban a gestionar bandas itinerantes que asaltan viviendas. Se apresó tanto a los “soldados” como al “general”, en Grecia.
Luego vinieron Majestic (2012) en Málaga, Clotilde en Lloret de Mar (2013), Geo (2013-14), Diriba (2013) en Mallorca, Ikon I y II (2015 y 2016), Oligakh en Marbella (2017), Dromedario (2017), Kus (2018) y Testudo en Alicante (2020).
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