La evolución de la pobreza en México es un tema que ha marcado la pauta de muchos análisis económicos y sociales a lo largo de las últimas décadas. Desde la segunda mitad del siglo XX, el país ha logrado reducir su tasa de pobreza de manera notable, a pesar de enfrentarse a crisis severas en 1983, 1994 y 2008 que interrumpieron esta tendencia. Las variables que han tenido mayor impacto en esta reducción incluyen el incremento en el PIB per cápita, especialmente en contextos de estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, así como el crecimiento del empleo formal.
La inversión en educación y salud, junto con políticas sociales redistributivas, han sido fundamentales para sostener este progreso. Programas focalizados como el Programa de Desarrollo Rural (PIDER), Solidaridad, y Prospera, han acompañado esta lucha desde la década de 1970, sumándose a iniciativas más recientes como subsidios generalizados.
Sin embargo, a pesar de los avances en la disminución de la pobreza, la movilidad social en México se ha estancado. Aún hoy, siete de cada diez mexicanos que nacen en el quintil de ingresos más bajos permanecen en esa situación durante toda su vida. Un reciente estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) revela que, aunque existen avances en el panorama nacional, persisten marcadas diferencias regionales, particularmente en los estados del sureste: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estos estados registran las tasas más altas de pobreza y pobreza extrema, con un significativo componente poblacional indígena rural.
Al analizar el contexto histórico, se encuentra que en 1950, cerca del 90% de la población mexicana vivía en condiciones de pobreza, de los cuales dos tercios estaban en pobreza extrema. A través de los años, en 1968 la pobreza extrema se redujo al 24%, y para 1990, al 22%. Sin embargo, estas cifras sufrieron un retroceso temporal tras la crisis de 1994. Entre 1996 y 2006, la situación mejoró de nuevo, con un descenso de la pobreza extrema al 14% y de la pobreza total al 43%. La crisis global de 2008 volvió a interrumpir esta tendencia, aunque entre 2014 y 2024 se reestableció, logrando una pobreza extrema del 9% y una pobreza total del 35%. En cuanto a la desigualdad, medida por el Coeficiente de Gini, esta disminuyó de 0.52 en 1950 a 0.43 en 2024.
El contraste entre las entidades del sur y aquellas más prósperas, como la Ciudad de México, Baja California y Nuevo León, es alarmante. En 1980, el ingreso per cápita en los estados más avanzados era 2.5 veces mayor que en los rezagados; hoy, esta diferencia se ha ampliado a cuatro veces más. Los estados del sur, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mantienen tasas alarmantes de pobreza, donde hasta 70% de la población en Chiapas se encuentra en pobreza total.
Identificar factores comunes que explican esta pobreza arraigada es esencial para abordar el problema. Una educación de baja calidad, una alta proporción de propiedad colectiva de la tierra, la baja participación laboral femenina y una economía informal son solo algunos de los elementos que contribuyen a este círculo vicioso. La débil gobernanza, la corrupción y la falta de un estado de derecho son aspectos que favorecen la inestabilidad económica y limitan la inversión.
Adicionalmente, la dispersión rural y la difícil geografía de la región plantean costos elevados en infraestructura y transporte, dificultando el desarrollo. Este panorama multifacético requiere un análisis profundo y un compromiso decidido para transformar la realidad en los estados más afectados y propiciar un futuro más equitativo en México.
Como actualizaciones hasta 2023, es crucial mencionar que mientras la pobreza ha sido un tema central, la situación se complica con desafíos contemporáneos que ahondan las disparidades y requieren respuestas integrales y de largo plazo.
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