En una reunión reciente en Purchase College, Nueva York, un administrador se refirió a los estudiantes como “consumidores”, un término que, aunque casual, resuena con implicaciones profundas. Esta calificación transforma la relación entre estudiantes y la universidad, reduciendo el papel de estos a meros compradores en un mercado.
Las definiciones son cruciales. Palabras como participante, miembro, estudiante o ciudadano implican pertenencia a una comunidad colectiva, mientras que términos como cliente o consumidor los enmarcan en una relación transaccional. Los estudiantes no son compradores; son participantes activos en la creación del conocimiento, y en el caso de las universidades y escuelas de arte, son miembros del futuro público.
La educación no es una mercancía. Las instituciones deben servir a la sociedad, y el aumento de los precios de matrícula no es un indicativo de poder adquisitivo, sino un reflejo de un fracaso sistémico en la que la educación se privatiza y se subfinancia. En lugar de ser considerados ciudadanos que contribuyen al bien común, son vistos como clientes que requieren servicios, un cambio que desnaturaliza la misión educativa.
Este deslizamiento hacia la “universidad neoliberal” ha estado en marcha durante décadas. Desde el recorte de financiación pública hasta la sustitución de puestos de tenencia por contratos precarios, hemos visto cómo las relaciones académicas se han convertido en meras transacciones. Entre 1976 y 2011, el crecimiento de posiciones administrativas no docentes superó con creces el de la facultad a tiempo completo, mientras que los salarios de los administradores aumentaron drásticamente en comparación con los de los profesores, que enfrentan un estancamiento que perdura.
La falta de apoyo académico debido a esta administrativización se traduce en una disminución del valor intelectual y social de las universidades. Al evaluar el éxito a través de métricas de mercado, el aprendizaje se vuelve una obligación burocrática en lugar de un esfuerzo en comunidad. Esta transformación es especialmente visible cuando se observa cómo, ante decisiones difíciles, las universidades priorizan el control administrativo sobre el apoyo a los estudiantes.
Los incidentes tras las protestas pro derechos humanos en Gaza en mayo de 2024 ejemplifican esta tendencia. Las universidades que solían promover el pensamiento crítico y la participación cívica reaccionaron con control y represión, ignorando sus propios principios cuando la situación se volvió incómoda. Esto sugiere que el discurso sobre la libertad de expresión es frecuentemente sustituido por un enfoque impositivo que busca mantener el orden público.
Al mismo tiempo, muchas universidades continúan invirtiendo en proyectos arquitectónicos ambiciosos, a pesar de las crisis de financiamiento. Instituciones como The New School y Cooper Union han priorizado gastos monumentales sobre el apoyo a la educación, lo que resulta en recortes en facultades críticas mientras los administradores aumentan sus salarios.
El desafío es claro: se requiere un cambio de enfoque. Los estudiantes necesitan instituciones públicas duraderas que fomenten el riesgo y la disidencia, no un sistema gerencial que evite la complejidad inherente al avanzar hacia una educación de calidad. La desconexión entre administración y cuerpo docente solo intensifica la alienación, empeorando las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el aprendizaje.
En un contexto contemporáneo marcado por una creciente desconfianza en las instituciones, los académicos y estudiantes exigen espacios donde se respete la imaginación colectiva y se fomenten nuevas ideas en lugar de un modelo mercantil que busque satisfacción inmediata. Hoy, los estudiantes enfrentan un mundo de inseguridad laboral, deudas y soledad, buscando no simplemente servicios, sino un reconocimiento genuino como participantes.
La crisis en las universidades no solo proviene de ataques externos, sino de una erosión interna que drena el sentido mismo de la educación. Lo que se necesita es un retorno a la lógica fundamental de la universidad como una comunidad auto-gobernada de intelectuales, un espacio donde la búsqueda del conocimiento no esté sujeta a la justificación del mercado, sino que se base en el compromiso colectivo con el aprendizaje.
Este es un momento decisivo; la idea de formar a los ciudadanos del futuro debe recuperar su lugar central en la educación superior. Sin este cambio de rumbo, el riesgo de una sofisticada desvalorización del conocimiento se profundiza, y con él, la propia esencia de las instituciones educativas que deberían servir a la sociedad.
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