La pandemia de coronavirus causó un daño de salud y económico sin precedente a América Latina. Exacerbó los ya altos niveles de desigualdad y pobreza, al mismo tiempo que llevo al límite la eficacia y las capacidades de gobernanza de los Estados.
Las medidas de confinamientos y limitación de movimiento que se implementaron a través de la región causaron trastornos en las cadenas de suministros y en las economías, mientras que las empresas se mostraron muchas veces lentas o incapaces de adaptarse a la nueva normalidad. Con una excepción: los grupos criminales, que reconfiguraron rápidamente sus redes de suministro y se digitalizaron, aprovechado del caos político e institucional para incorporarse aún más en el tejido social de la región.
Los cierres de fronteras y las medidas de contención de la pandemia
Estos factores interrumpieron las rutas del narcotráfico como cualquier otro negocio. Sin embargo, esto no duró mucho. El transporte aéreo y marítimo privado de cocaína aumento rápidamente, mientras que algunas viejas rutas de transporte terrestre desde el sur de América Central hacia el norte se reactivaron, como lo demuestra un aumento en las incautaciones de cocaína en Costa Rica y Panamá. El tráfico de cocaína de México a Estados Unidos también se adaptó, utilizando drones y túneles que ya existían a través de la frontera y por medio de personas (mulas) estadounidenses o residentes en EEUU, remplazando cada vez más a las de origen latinoamericano.
Los grupos criminales de toda la región también han aprovechado de la oportunidad para reconfigurar sus actividades y áreas de control. Como destacamos en la Encuesta de Conflictos Armados 2021 (ACS) que el IISS acaba de publicar, la pandilla MS-13 en Honduras ha consolidado cada vez más su papel en el transporte de drogas desde América del Sur a México. En Colombia, poderosos carteles mexicanos como los de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa han reforzado su presencia en regiones clave de cultivo de la coca con inversiones financieras para regular el precio de la pasta de coca y homicidios selectivos de civiles. También han adoptado con entusiasmo la digitalización, aprovechando al máximo la dark web y las criptomonedas para realizar sus transacciones ilícitas y el lavado de dinero.
Un estímulo a la gobernanza criminal
La pandemia multiplicó las presiones existentes sobre finanzas y servicios públicos, con gobiernos frecuentemente incapaces de articular una respuesta coherente. Una vez más, los grupos criminales demostraron ser más organizados, moviéndose sin esfuerzo para hacer cumplir las medidas de confinamiento y distribuir alimentos y suministros médicos, al tiempo que mantenían los precios de bienes esenciales limitado en su área de control. También redujeron o suspendieron sus impuestos (ilegales) en reconocimiento de las dificultades económicas creadas por la pandemia en las comunidades locales.
Al hacerlo, consolidaron su papel cuasi-estatal en muchas partes de la región, reforzando también su legitimidad ante la población. Se convirtieron cada vez más en un actor que los gobiernos deben tener en cuenta, exacerbando aún más la fragilidad institucional y las fallas de gobernanza. Un ejemplo revelador fue cuando, el inicio de la pandemia, el ministro de salud de Brasil de entonces pidió públicamente un diálogo con las facciones criminales del país para que apoyasen los esfuerzos contra el Covid-19 en áreas con poca o ninguna prestación de servicios de salud.
En este contexto, los largos cierres de escuelas y la infraestructura deficiente de educación en linea en la región, junto con el creciente desempleo juvenil (23,8% en 2020, el más alto desde 2006) han brindado (y continuarán haciéndolo) otra oportunidad de oro para que las bandas delincuentes se incorporaron aún más en la sociedad civil, ofreciéndoles al mismo tiempo un grupo de talentos cada vez más grande en el que reclutar.
¿Qué sigue?
Lo anterior apunta a una imagen de creciente complejidad en partes de la región, donde las estructuras de gobernanza legal y criminal van a coexistir y donde grupos criminales, ahora más fuertes y envalentonados, intervendrán y reemplazarán cada vez más a los estados, cuya capacidad para proporcionar servicios básicos y defender el estado de derecho ha sido y será aún más debilitada por la emergencia sanitaria y la desastrosa larga cola socioeconómica de la pandemia.
Esto, a su vez, podría provocar que los gobiernos en la región exploren enfoques al crimen organizado diferentes de las políticas de mano dura prevalecientes. La negociación con los grupos delictivos, no sólo para frenar la violencia sino también para abordar cuestiones específicas (incluidas la provisión de servicios básicos), podría parecer cada vez más una opción viable. Sin embargo, esto podría venir a expensas de la legitimidad y podría conducir solo a resultados temporales, o elusivos en el mejor de los casos, especialmente en el contexto actual de instituciones debilitadas.
Si bien abordar las causas raíces de la violencia a través del crecimiento sostenido e inclusivo es un área prioritaria obvia, aunque no fácil de implementar, para los gobiernos de toda la región, el carácter transnacional y flexible de las economías y actores ilícitos pone de relieve la necesidad de enfoques y soluciones regionales. Un enfoque regional para contrarrestar los flujos financieros ilícitos y el lavado de dinero será clave para frenar la resiliencia de las organizaciones criminales. Su creciente proeza con las plataformas y tecnologías digitales indican que los movimientos actuales hacia la expansión del uso de la criptomoneda en la región, comenzando desde El Salvador, impulsarán los negocios ilícitos y el lavado de dinero en ausencia de regulaciones e instituciones sólidas.
