El pasado fin de semana en Doral, Florida, Donald Trump logró un hito único: la creación de una coalición militar multilateral compuesta por 17 naciones latinoamericanas bajo el liderazgo de Estados Unidos. Esta acción marca un regreso a estrategias de seguridad regional, evocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947, aunque con un enfoque más vertical y unilateral. En contraste con el TIAR, que era teóricamente multilateral, el nuevo pacto se fundamenta en una agenda de seguridad impuesta por Estados Unidos, que permite patrullajes multinacionales y posibles intervenciones unilaterales contra cárteles de drogas y a lo que se describe como “inestabilidad respaldada por actores extranjeros”, refiriéndose principalmente a la influencia de China.
La geografía del acuerdo es elocuente. Países como Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador forman un bloque en el corredor mesoamericano. La República Dominicana y Guyana controlan las rutas del Caribe, mientras que Ecuador y Paraguay actúan como barreras en los Andes. Argentina y Chile aportan una legitimidad ideológica en el Cono Sur, creando una estrategia de contención visible. En medio de este entramado, México, Brasil y Colombia quedan deliberadamente excluidos, situándose como los tres gigantes regionales geopolíticamente aislados.
Esta transformación comenzó el 20 de febrero, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos anuló los aranceles impuestos por Trump, convirtiéndolo de negociador en jefe a comandante en jefe de una propuesta militar. Con la posible inclusión de Guatemala, el número de naciones miembros podría aumentar a 18, dando este escudo militar acceso directo a fronteras delicadas.
Sin embargo, el mayor desafío para México podría anidar en su interior. Trump no únicamente busca construir un escudo a su alrededor; podría utilizar esa estructura para fortalecer a actores domésticos que están a la espera. Grupos políticos cercanos al PAN y movimientos de derecha, vinculados al conservador CPAC México, podrían ver en este pacto no una intervención, sino una oportunidad de liberación. Empresarios podrían estar dispuestos a ceder parte de la soberanía, eludiendo así riesgos arancelarios. Este escudo serviría como una herramienta para argumentar que México está solo, responsabilizando a su gobierno de esta condición.
A pesar de la complejidad del escenario, México cuenta con activos valiosos. Es el principal socio comercial de Estados Unidos, y la reciente caída de un mandamás del crimen organizado, como El Mencho, mostró que la capacidad de inteligencia interna es superior a la que cualquier fuerza multinacional podría ofrecer. La cooperación activa entre Brasil, Colombia y México podría representar una potencia económica, ya que juntos abarcarían más de la mitad del PIB de Latinoamérica. Sin embargo, la interdependencia económica representa un arma de doble filo: la pérdida del mercado estadounidense sería tan perjudicial para México como lo sería para Estados Unidos perder sus cadenas de suministro en el país.
Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha gestionado las relaciones con Trump con astucia y diplomacia. Pero surge una interrogante crucial: ¿será suficiente esta habilidad para enfrentar una nueva arquitectura regional que altera drásticamente el juego?
El riesgo más preocupante no es que Trump decida intervenir en México, sino que logre que algunos mexicanos soliciten esa intervención. Para ello, no necesitaría tropas; bastarían los aliados que ya existen en el país.
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