La “política de la presencia” se ha implementado en Chile como una estrategia para aumentar la representatividad de los pueblos originarios en los procesos de toma de decisiones. Esta política ha surgido como respuesta a la discriminación y marginación histórica que han sufrido estos pueblos, quienes son considerados como minorías étnicas o culturales.
Sin embargo, la implementación de esta política ha tenido efectos preocupantes en la toma de decisiones y en la capacidad de los gobiernos para resolver los problemas más urgentes del país. En muchos casos, la política de la presencia se ha convertido en una herramienta para la cooptación y el sometimiento de los líderes y representantes de las comunidades indígenas, quienes han perdido autonomía y capacidad de acción ante los intereses políticos y económicos que se imponen desde el poder central.
Además, la política de la presencia puede fomentar la polarización social y la fragmentación del país, al poner el acento en las diferencias étnicas y culturales que pueden existir entre los distintos grupos que conforman la sociedad chilena. Esto puede generar un clima de enfrentamiento y exclusión que no contribuye al desarrollo ni a la convivencia pacífica entre los ciudadanos.
En el contexto actual de crisis político-social que vive Chile, la política de la presencia puede ser un obstáculo para la construcción de consensos y acuerdos que permitan superar los conflictos y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Es necesario, por tanto, repensar esta política y buscar nuevos mecanismos de inclusión y participación de los pueblos originarios que permitan su pleno reconocimiento como ciudadanos y sujetos de derechos.
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