Entre risas y chistes, María Angela Villamil afirma con una tranquilidad admirable: “A mí me duele estar viva”. Bromea sobre su condición, mientras cuenta que convive con dolor constante desde hace cuatro años, cuando una infección le dejó una condición crónica, incurable y de difícil manejo, según le han dicho los médicos. Ha buscado todas alternativas posibles para sobrellevar el dolor y hace dos años encontró el cannabis medicinal.
Llegó a este por referencias de una amiga que sabía de casos exitosos y le sugirió alguien que pudiera venderle unas gotas. Quien inicialmente le vendía el producto no era un médico, pero le dijo que se asesoraba con alguno. Villamil accedió y tomó cannabis en gotas durante algunos meses. Psicóloga, no se sentía plenamente segura por lo riesgoso de usar un producto de elaboración artesanal. Siguió buscando y logró contactar a una médica especialista del dolor que le diseñó una fórmula magistral de cannabis, una suerte de preparación farmacéutica elaborada a partir de una prescripción médica personalizada, y le recomendó un nuevo proveedor que contaba con su respaldo.
El tratamiento no era barato. Tras un año de tomar asiduamente las nuevas gotas, un día sintió efectos diferentes. Cuenta que duró más de cuatro horas fuera de sí, con los sentidos y la consciencia alterados. Fue una situación traumática que, cuando se repitió, la llevó a consultar a su doctora. Villamil sintió que ni ella ni el proveedor le dieron respuestas satisfactorias. Aunque decidió cortar con esa profesional, sentía que el cannabis era clave en su tratamiento, así que continuó su búsqueda. Buscando aquí y allá, llegó donde Lenis Rivera, una de las médicas más destacadas en tratamiento para el dolor en Columna Digital y con una amplia formación en el uso de cannabis medicinal. Rivera le explicó que tuvo un “desequilibrio cognitivo”, quizá porque se desequilibraron los componentes del cannabis que estaba usando.
Le prescribió una nueva fórmula, en otro laboratorio, y desde entonces Villamil no ha tenido problemas con su tratamiento que, subraya, es clave en una condición tan compleja como la suya.
Antes de tener su consultorio privado, Rivera trabajó en el Instituto Roosevelt y posteriormente con KHIRON, una compañía dedicada a la investigación en cannabis medicinal y una de las líderes en este tema en Colombia. Con KHIRON se formó en Canadá en lo relacionado con cannabis medicinal y volvió al país para formar otros médicos e impulsar el uso del cannabis en el tratamiento del dolor crónico y otros síntomas asociados.
Aunque Rivera destaca los resultados del uso medicinal del cannabis en la salud de sus pacientes, advierte de manera reiterada que se debe usar bajo acompañamiento profesional: “Si bien el cannabis no es nocivo, tampoco es inocuo. Puede generar efectos secundarios en personas que tengan ya alguna patología”.
Desde la legalización del cannabis medicinal ha crecido la cantidad de pacientes que recurren a ella buscando esta alternativa médica. Eso ha implicado más producción, no siempre regulada o con condiciones necesarias para un uso médico. Por eso los tratamientos pueden llegar a costar más de 100 dólares mensuales, un valor inaccesible para muchos. Esto ha implicado que muchos pacientes usen medicamentos artesanales, menos costosos pero también más riesgosos.
De acuerdo a Rivera, la legalización debió ir de la mano con una campaña desde el Gobierno para combatir el estigma que mantiene el cannabis: “Estaría totalmente de acuerdo con que fuera algo estandarizado. Así como existen guías para el uso de analgésicos o para ciertas patologías, también existen para el uso de cannabis medicinal y el personal de salud debería conocerlas. Aún hay mucho desconocimiento y temor, no solo por parte de los pacientes, sino de la parte médica”, asegura en conversación con Columna Digital.
Un acceso médico para algunos pocos
Desde la Resolución 2292 de 2021 del Ministerio de Salud, los medicamentos y fórmulas magistrales que contengan CBD y THC, dos sustancias que se encuentran en el cannabis, están cubiertos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), antiguamente conocido como Plan Obligatorio de Salud (POS), la lista de productos y servicios que cubre el seguro de salud pública en Colombia. Eso significa que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) deben asegurar su entrega a los pacientes que los necesiten, evitando a éstos tener que pagar el tratamiento de su bolsillo.
Para Efraín López, asesor jurídico en asuntos de cannabis y director de Árpez Company, uno de los puntos neurálgicos después de la legalización ha sido lograr un acceso real para todos los pacientes, más allá de las trabas burocráticas o los grandes costos privados. Para él “es urgente incluir más cantidad de medicamentos cannabinoides en el PBS, pues es la única manera de democratizar el uso del cannabis medicinal”, señala.
A estas barreras se le sumó que, recientemente, las EPS dieron una interpretación nueva a un documento del Ministerio de Salud y empezaron a negar la entrega de fórmulas magistrales a través del PBS. Eso es grave porque obstaculiza el acceso pleno de los pacientes a sus medicamentos y tratamientos. Asimismo, como el mercado es relativamente nuevo, tampoco hay muy pocos medicamentos con cannabinoides que tengan registro del Invima—la entidad encargada de avalar la venta de medicamentos en Colombia para que hagan parte del PBS. Esto deviene en la necesidad de ampliar la oferta, pero esto requiere tiempo, porque la literatura científica sobre cannabis medicinal está apenas en construcción, lo que es un impedimento para que las farmacéuticas desarrollen nuevos medicamentos de cannabis y logren su registro.
Para López, Colombia podría seguir la experiencia de Brasil, donde las farmacéuticas tuvieron un período de gracia de cinco años en el que usaron un registro sanitario temporal que permitiera prescribirlos y, a partir de allí, generar evidencia para la literatura científica.
El experto afirma que la llegada del Gobierno de Gustavo Petro puede ser una oportunidad para salir de los limbos que quedaron. En especial, si materializa las propuestas que ha planteado de una transformación de la política de drogas. “Se abren escenarios importantes siempre y cuando la administración Petro aterrice de forma integral esas ideas en el sector del cannabis medicinal. Y por fin, se logre reflejar la esencia de la Ley 1787 de 2016 que era, entre otras, el acceso integral de cannabis medicinal para la población”.
A esto también se refiere el médico anestesiólogo Jaime Jaramillo, que tras la despenalización creó junto a otros colegas PENSAKANA, un centro de investigación sobre cannabis medicinal. Para él, el Gobierno no aplicó la Ley de forma rigurosa, y dejó vacíos jurídicos y médicos que afectan principalmente a los pacientes. “Es primordial que el Gobierno aplique la ley como debió ser desde el inicio, lo que implica un análisis económico, fijar unos precios máximos de venta teniendo en cuenta todos los actores involucrados en la cadena de comercio, entre otros”, reflexiona.
López y Jaramillo coinciden en que, dado el crecimiento sustancial de personas que buscan terapias alternativas y el desarrollo a pasos agigantados de esta industria, el Gobierno está en deuda en aterrizar el cannabis medicinal no como una forma de despenalizar, sino como un asunto de salud pública que pueda tener un impacto real en la vida de pacientes como María Angela Villamil.
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