El reciente fallo unánime del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha revelado una irónica y preocupante situación: los nuevos aranceles que Donald Trump pretendía imponer a México han sido bloqueados, destacando la importancia de la Constitución y la separación de poderes en el país norteamericano. Mientras los jueces, nominados de diferentes administraciones, desvinculan el comercio internacional de acciones arbitrarias del Ejecutivo estadounidense, en México, por el contrario, se avanza hacia una reforma que busca politizar el Poder Judicial.
El tribunal estadounidense invalidó los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, argumentando que no existía una “amenaza inusual y extraordinaria” que justificara tales medidas. Tanto el déficit comercial como el tráfico de fentanilo fueron considerados insuficientes para activar tal recurso legal. Este fallo, que se hará efectivo en diez días, implica la anulación de un arancel del 25% sobre productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como otro del 10% sobre energía y potasa. La Casa Blanca, sin embargo, ya ha anunciado su intención de apelar.
Los jueces también dejaron claro que la facultad del comercio exterior reside en el Congreso y no en el presidente. Al citar precedentes históricos, subrayaron la ilegalidad de que un mandatario asuma poderes sin un respaldo legal claro. De esta forma, no solo reafirmaron el orden constitucional, sino que también se convirtieron en un baluarte contra el abuso autoritario, evitando que decisiones arbitrarias incrementen la inflación, encarezcan bienes y afecten negativamente las cadenas de suministro.
En contraste, México enfrenta un panorama más sombrío. La reforma que permitirá la elección de jueces por voto popular, lejos de democratizar la justicia, podría resultar en una mayor subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. Lo que antes se realizaba en secreto ahora se sancionará de manera formal en las urnas, consolidando el control político sobre el sistema judicial. Este nuevo modelo pone en riesgo la independencia de la justicia, transformándola en un instrumento de obediencia.
Mientras Trump contempla opciones legales para revertir el fallo, como apelar ante el Circuito Federal o llevar el caso a la Suprema Corte, los desafíos que enfrenta son significativos y complejos.
Es notable que, en este tumultuoso episodio, México haya sido protegido por los jueces de una nación ajena. Estos magistrados, a través de su compromiso con la ley, contrarrestan los intentos de un presidente por ejercer poderes sin fundamento legal, honrando así la Constitución que en su propio país se encuentra bajo asedio.
Este contexto pone de relieve la importancia de un poder judicial independiente y la necesidad de vigilar las reformas que puedan alterar su legitimidad. Con ello, se abre un debate sobre el futuro del sistema judicial en México y su capacidad para operar sin interferencias políticas.
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