Por Javier Santiago Castillo
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La coyuntura política actual es muy fluida. Los actores mueven sus piezas pensando que tal movimiento es una jugada maestra, sin pensar en las posibles consecuencias que se pueden convertir en bumerangs. El incremento del tono en los discursos ha sido aderezado por el destape anticipado de los posibles candidatos presidenciales de Morena. Lo que ha colocado a la oposición frente a las cuerdas y no encuentra la forma de contrarrestar la ofensiva mediática gubernamental y posicionarse frente a la 4T.
Tal vez la falta de rumbo de la oposición sea el ingrediente esencial de la coyuntura, porque en la búsqueda de ganar terreno rumbo a las elecciones de 2024 no acierta en concretar una oferta programática incluyente de las necesidades de diversos sectores de la población. Lo cual la ha llevado a quedarse en solitario izando la bandera de defensa del templo de la democracia, estrictamente política.
La posible transformación del INE se ha convertido en el centro de un debate polarizado. Desde un lado se acusa al adversario de ser conservadores y querer perpetuar privilegios y se llega al extremo de mentir sobre el salario de los consejeros del INE y, del otro se señala flamígeramente que toda la acción gubernamental es equívoca y se pretende la perpetuación en el poder.
Desde que el presidente expresó el sentido general de la reforma electoral constitucional, la oposición manifestó su rechazo. A pesar de eso se materializó la iniciativa de reforma. ¿Por qué el presidente presentó la iniciativa, a pesar de que era predecible su no aprobación? En su momento se vislumbró que era una jugada política de gana-gana, porque ante la fragilidad de la postura del presidente del PRI parecía que ese partido aportaría los votos necesarios para la aprobación de la reforma.
Por otro lado, de no aprobarse la reforma constitucional le permitiría al presidente acrecentar su legitimidad acusando a la oposición y al INE de querer continuar manteniendo sus privilegios y continuar saqueando los recursos del pueblo. Todo parece indicar que este es el escenario que se convertirá en realidad; sazonado con la posible victoria del “plan B”, consistente en realizar reformas a la legislación electoral secundaria. Ya el propio presidente aceptó que será limitada, pero se busca disminuir el gasto del INE vía modificación de su estructura orgánica en alrededor de 3 mil millones de pesos.
En la lógica de la confrontación política la oposición convocó a la movilización en defensa del INE el 13 de noviembre, con expectativas inciertas sobre su éxito. La cual concentro alrededor de 200 mil personas, la mayoría ciudadanos espontáneos, que con creces superaron a los militantes partidarios. Esta acción tuvo consecuencias favorables y no.
La reacción presidencial no se hizo esperar y anunció una marcha para celebrar los cuatro años de gobierno el 27 de noviembre. A la cual asistieron alrededor de un millón 200 mil personas. Los cuestionamientos no se hicieron esperar acusando de que se dio un acarreo masivo. Este fenómeno no se descarta, pero objetivamente también deja ver un apoyo masivo al presidente que supera el acarreo, que por definición es obligado. La calle continúa siendo territorio presidencial.
Para ambos contendientes se han dado consecuencia favorables y adversas. En el primer caso, la oposición logró la movilización de sectores medios inconformes con las acciones gubernamentales, lo cual tiene un significado político relevante. Pero, tal vez su logro más significativo fue que empujó al dirigente del PRI a definirse en contra de la reforma electoral presidencial, inyectándole, nuevamente, oxígeno a la Alianza por México.
Por el lado de Morena, el presidente fortaleció su imagen y en consecuencia su legitimidad. Así lo muestra la encuesta de “Enkoll”, pues el nivel de aprobación se ubicó en el 69% y la desaprobación alcanza el 28, mientras que sólo el 3 contesto que no sabía. Estos datos muestran una definición de sectores sociales claramente definidos a favor o en contra.
Aunque derivado de la deserción y posterior reconciliación del PRI con el PAN y PRD, Morena ha reactivado el procedimiento de desafuero en la Cámara de Diputados en contra de Alejandro Moreno (Alito), esperando desahogarlo a más tardar el 15 de diciembre. No sería sorprendente que “Alito” nuevamente modificara su posición.
Por otro lado, a Morena se le ha complicado el frente de sus aliados (PT y PVEM), pues apenas el miércoles expresaron sus desacuerdos con la iniciativa de la reforma electoral constitucional. Además, se quejan de que no se han considerado sus propuestas en el “Plan B”, inmediatamente Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, pospuso la discusión de la iniciativa de reforma constitucional para el 6 de diciembre, posteriormente informó que será el día 9.
El PT y PVEM tienen sus propias propuestas para las reformas a la legislación secundaria como son el restablecimiento de la candidatura común, restablecer la posibilidad de que en el convenio de coalición quede establecida la asignación de votos con que contará el partido o partidos minoritarios. Por otro lado, Ricardo Monreal, coordinador del Grupo parlamentario de Morena en el Senado, declaró que el “Plan B” plantea que la Secretaría de Gobernación asumiría el control del padrón electoral, fusionaría las direcciones ejecutivas de Organización y Capacitación Electoral, la transferencia de votos entre los partidos coaligados, que el titular de la Unidad de Fiscalización sea nombrado por la Cámara de Diputados y, prohibir a los consejeros contender por un cargo de elección popular por diez años y prohibir que trabajen en algún órgano electoral por tres años.
Todo indica que la reforma constitucional no prosperará, pero de la poca información que ha trascendido del contenido de la reforma a la legislación secundaria existen señales alarmantes. En el caso del Padrón y la lista nominal está constitucionalmente establecido que el INE es la autoridad responsable de su conformación y custodia. Esta disposición no puede ser modificada por la legislación reglamentaria. Las prohibiciones para los consejeros electorales sin duda alguna tienen un tufo a vendetta y violenta sus derechos humanos.
Por su parte, la fusión de las direcciones Ejecutivas de Capacitación y Organización Electoral creará dificultades en la operación de campo, porque muchas actividades se realizan en paralelo. El posible nombramiento del titular de la Unidad de Fiscalización por la Cámara de Diputados es una desmesura, que hace evidente la molestia por la multa aplicada a Morena en la última fiscalización. La postura presidencial de reprochar y acusar de traidor a un consejero, al cual no nombró, pero si describió con nitidez, por votar a favor de la multa, es un exceso y del todo impropia. Lo coherente, con los principios enarbolados por el presidente, era exigir a la dirigencia partidaria que pusieran orden en la obtención y gasto de sus recursos financieros.
El centro de la estrategia discursiva para transformar la legislación electoral ha sido obtener ahorros. El objetivo político esencial es fortalecer la imagen presidencial y, en consecuencia, la legitimidad de su proyecto rumbo al 2024. De otra forma no se puede entender el envío de la iniciativa de reforma constitucional que no sería aprobada y, como se vislumbra, de iniciativas de modificaciones legales que terminarán en acciones de inconstitucionalidad y alguna de ellas con resoluciones adversas al Ejecutivo.
El factor que mayor incidencia tiene en el costo de las elecciones es la desconfianza entre los partidos políticos. Ninguno de ellos está sugiriendo revisar los candados de la legislación, que implican un elevado costo. El Ejecutivo, en lugar de buscar dar confianza para convencer, ha seguido la ruta de intentar imponer su visión. La oposición, sólo se opone, pero no propone. No existe un ambiente para realizar una discusión racional. Ninguno de los bandos está dispuesto a conceder. El camino para las elecciones de 2024 está lleno de malos augurios.
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