El futuro de Gibraltar y de los casi 10.000 españoles que trabajan en la colonia británica entra en su hora decisiva. Nueve meses después de que, el pasado 31 de diciembre, concluyera el periodo de transición del Brexit, los embajadores de los Veintisiete dieron este viernes luz verde al mandato para negociar un acuerdo que regule la futura relación entre la UE y el Peñón. El Consejo Europeo lo ratificará la semana próxima, probablemente en la reunión de ministros de Economía del martes.
El responsable de dirigir las negociaciones será el vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Europea, el eslovaco Maros Sefcovic, el mismo que se encarga que discutir con Londres la aplicación del protocolo sobre Irlanda del Norte. Y ahí radica, precisamente, una de las mayores preocupaciones para España: que el endemoniado dosier norirlandés acabe contaminando y complicando el acuerdo sobre Gibraltar, mucho más sencillo en teoría.
España y el Reino Unido llegaron, el pasado 31 de diciembre, a un principio de acuerdo sobre Gibraltar por el cual los residentes en el Peñón podrían circular libremente por los 26 países europeos del tratado de Schengen y sus productos beneficiarse de la unión aduanera, a cambio de que España asumiera la responsabilidad sobre el control de personas y mercancías en el puerto y aeropuerto gibraltareños, con la consiguiente demolición de La Verja. Eso implicaba que los ciudadanos británicos y de terceros países que quisieran acceder a la colonia necesitarían un visado que expedirían las autoridades españolas.
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El acuerdo hispano-británico fue examinado con lupa por la Comisión, que solo el 20 de julio, más de seis meses después, aprobó el borrador del mandato negociador, un documento mucho más duro y prolijo que el sucinto pacto entre Londres y Madrid. Fuentes comunitarias admiten que en Bruselas costó digerir un pacto que se apartaba de esquemas trillados e incorporaba innovaciones imaginativas, como la de que Gibraltar estaría en la práctica dentro de Schengen sin formar parte de él.
A diferencia del pacto hispano-británico, el borrador de la Comisión no decía que serían los agentes de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) quienes se encargarían del control de los pasajeros que llegan a Gibraltar, evitando la presencia visible de los guardias españoles, y fue eso lo que disparó las alarmas en Londres y el Peñón. El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, aseguró que el texto de la Comisión pretendía “socavar la soberanía británica sobre Gibraltar” y no servía de base para una negociación.
La secretaria de Estado para Europa y las Américas del Foreign Office, Wendy Morton, elevó hace 10 días la apuesta al asegurar, ante una comisión parlamentaria, que el Gobierno británico y el gibraltareño se estaban preparando ya para abordar un “resultado no negociado” de la negociación. “Estamos muy bien preparados ante cualquier eventualidad, incluida una salida sin acuerdo”, insistió.
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Fuentes comunitarias restan trascendencia a estas declaraciones inflamadas, señalando que es normal que en vísperas de una negociación cada parte intente hacer ver que está en una posición de fuerza. La postura de cada una se verá cuando se sienten a negociar, añaden.
Para calmar los recelos británicos el Consejo ha aceptado incluir en el mandato una referencia expresa a que España pedirá el apoyo de Frontex para controlar la frontera en los cuatro primeros años de vigencia del pacto, que luego habrá que revisar o prorrogar. Además, se han aprobado dos declaraciones dejando constancia de que se trata de un acuerdo comunitario (es decir, que no lo tienen que ratificar los parlamentos nacionales) y que el hecho de que se apliquen a Gibraltar cláusulas del tratado Schengen no significa que se incorpore al mismo.
“Limbo jurídico”
Aunque los trámites internos en la UE se han demorado más de lo previsto, las fuentes consultadas confían en que el acuerdo podría cerrarse antes de final de año. Desde el pasado 1 de enero, Gibraltar se encuentra “en el limbo jurídico”, reconocen las fuentes consultadas. Ya no forma parte de la Unión pero, sin embargo, no se han instaurado en La Verja los controles de pasajeros y mercancías propios de una frontera exterior de la UE.
Se trata de una situación provisional, a la espera de firmar un pacto que supondrá la eliminación de cualquier barrera física entre España y la colonia, pero las mismas fuentes advierten de que la Comisión no puede mirar indefinidamente para otro lado, ignorando que en lo que es hoy día una frontera exterior de la UE no se aplican los controles propios de la misma.
El temor es que la negociación sobre el futuro de Gibraltar acabe condicionada por la negociación sobre Irlanda del Norte, que se desarrolla en paralelo y es mucho más compleja. El Reino Unido ha aplazado ya por tres veces la entrada en vigor de los controles aduaneros entre Gran Bretaña y el Ulster, lo que le ha valido la apertura de un expediente sancionador en Bruselas, mientras reclama la revisión del protocolo sobre Irlanda del Norte. La Comisión Europea se niega en redondo a reabrir uno de los capítulos más espinosos del pacto del Brexit y solo acepta reinterpretar algunos de sus puntos para eliminar burocracia y aligerar trámites aduaneros. Está previsto que el comisario Sefcovic presente su propuesta en los próximos días, coincidiendo con la aprobación del mandato sobre Gibraltar. El solapamiento es inevitable.
