La Rendición de Cuentas 2024 muestra impunidad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó recientemente su informe final de la Cuenta Pública correspondiente a 2024, y los hallazgos son alarmantes. La cifra de “daño presunto” al erario asciende a 65,169.1 millones de pesos. De los 67,174.7 millones inicialmente observados, solamente se han recuperado o justificado 2,005.6 millones, lo que representa un lamentable 2.9%. Esta situación refleja una pérdida sustancial de recursos públicos.

El mayor impacto financiero se encuentra en el gasto federalizado, la suma de dinero que el gobierno federal transfiere a estados y municipios para áreas cruciales como salud, educación, seguridad e infraestructura. De las irregularidades detectadas, un asombroso 88.2%, equivalente a 52,356.4 millones de pesos, no puede ser justificado debido a la “falta de documentación comprobatoria”. Esto implica que carecen de contratos y facturas, lo que dificulta la evidencia del uso adecuado de estos fondos. La ASF ha señalado que el 83.1% de estas irregularidades se deben a omisiones o inacciones de los funcionarios responsables, mientras que un 55.1% es atribuible a un sistema que parece diseñado para fallar.

El problema se agrava a nivel municipal, donde se concentra el 59.1% de las irregularidades del gasto federalizado, alcanzando los 35,074.7 millones de pesos. Un alarmante 97.2% de este monto se relaciona con la falta de documentación comprobatoria, lo que imposibilita la trazabilidad de los recursos. Sin la debida trazabilidad, lo que podría ser un desvío se convierte en una “incapacidad administrativa”, dejando a la auditoría sin recursos para actuar eficientemente.

Además, la obra pública ha caído en la misma problemática. La ASF ha informado sobre pagos excesivos, como 484.5 millones en el caso del Puente Nichupté en Quintana Roo y 333.6 millones en la carretera Real del Monte–Huasca en Hidalgo, debido a disconformidades entre lo facturado y lo efectivamente construido. En el sector salud, 1,591.2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) no están debidamente justificados, mientras que en defensa, proyectos en Nayarit y Sonora fueron pagados sin que se ejecutaran, acumulándose más de 172.7 millones en pagos.

Aunque se identifican problemas graves, la falta de sanciones es notable. El monto recuperado ha disminuido drásticamente, de un 53% hace unos años a apenas un 17% en la actualidad. En este contexto de impunidad, solo el 2% de las denuncias presentadas por la ASF concluyen en sentencias condenatorias, lo que fomenta la percepción entre algunos funcionarios de que pueden desviar recursos sin consecuencias significativas.

La cifra de 65,169.1 millones de pesos no comprobados representa más que solo números; es dinero que debería haberse dirigido a hospitales, escuelas, patrullas y otras obras públicas que benefician a la sociedad. A pesar de los informes de la ASF, sin consecuencias administrativas o penales efectivas, el sistema sigue incentivando el desvío de recursos. Esta situación se convierte en una práctica común en lugar de una excepción.

La conclusión es clara: aunque la ASF documenta el problema, se sostiene una estructura de impunidad que permite que el saqueo del erario público prospere. Mientras la impunidad sea del 98%, desviar miles de millones de pesos seguirá siendo un negocio atractivo y de bajo riesgo para los funcionarios corruptos.

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