Entre 2019 y 2025, el gasto público programable de México experimentó un notable incremento del 21% real, un aumento significativo si se considera que la economía del país creció apenas un 5.4% en el mismo período. Sin embargo, este crecimiento trae consigo preocupaciones sobre su composición y sus implicaciones para el desarrollo social y económico.
Un análisis revela que más de la mitad de este aumento —53%— se destinó a la expansión de programas sociales, una iniciativa que, aunque busca mitigar la pobreza, ha suscitado interrogantes sobre su enfoque. Este grupo abarca principalmente protección social, excluyendo pensiones y jubilaciones, así como becas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sin requisitos educativos. Por otro lado, un 23% del aumento se canalizó hacia combustibles y energía, mientras que sólo el 24% se distribuyó entre áreas críticas como Salud, Educación, Seguridad Pública, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología.
Examinando las cifras más de cerca, se observan incrementos significativos en algunos rubros de gasto. Por ejemplo, los programas sociales vieron un aumento del 545%, en contraposición a un decremento del 8.3% en la educación (excluyendo becas) y una reducción del 18% en orden público y seguridad interior. La inversión en aspectos críticos de infraestructura también se ha visto mermada, con una disminución del 11% en el gasto programable destinado a inversión física desde 2019.
La estructura actual del gasto, bajo la administración de Morena, plantea serias preocupaciones. Si bien se han tomado medidas para distribuir recursos de manera más equitativa en el corto plazo, esto ha ocurrido a expensas de fomentar un entorno propicio para el trabajo, el desarrollo humano y la inversión productiva. La reducción de fondos en educación, acompañada de problemas en la calidad educativa y paros por parte de grupos como la CNTE, amenaza la formación del capital humano, esencial para el crecimiento a largo plazo del país.
En el ámbito de la seguridad, la falta de atención a esta problemática ha llevado a un aumento en la percepción de inseguridad entre la población, a pesar de una aparente disminución en las tasas de homicidio, que contrasta con un aumento en las desapariciones. El sector salud, si bien ha recibido un incremento en sus recursos, ha enfrentado una gestión deficiente que se traduce en miles de muertes evitables, escasez de medicamentos y falta de infraestructura adecuada.
La escasa inversión pública también se ha concentrado en proyectos que carecen de pruebas suficientes de rentabilidad social, dejando oportunidades valiosas sin aprovechar. La cancelación de reformas en el sector energético ha resultado en un gasto ineficaz en combustibles y energía, poniendo en riesgo la seguridad energética del país, y limitando la inversión productiva, especialmente en un contexto donde iniciativas como el “nearshoring” podrían representar un gran impulso económico.
En este panorama, el gobierno ha empezado a mostrar una preocupación creciente por la situación económica y ha hecho algunos intentos por flexibilizar políticas, aunque aún no es suficiente. Con necesidades urgentes de seguridad eléctrica e infraestructura, las restricciones en asociaciones público-privadas limitan el potencial de crecimiento.
México goza de una posición privilegiada frente a Estados Unidos, un aliado estratégico, y sería beneficioso abrir espacios para la inversión privada en proyectos de gran envergadura. La clave está en garantizar un marco de seguridad jurídica y certidumbre, permitiendo que los recursos públicos se destinen más a la formación del capital humano que a decisiones unilaterales y con fines políticos.
A medida que miramos hacia el futuro, es esencial priorizar un gasto público que no solo alivie la pobreza momentáneamente, sino que también fomente un crecimiento sostenible y un desarrollo integral para todos los mexicanos.
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