Los más ricos de los ricos que declaran en España por el impuesto sobre el patrimonio residen en Madrid. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes al año 2020, la fortuna media de los madrileños que declararon por este tributo se situó en los 10,3 millones de euros, casi tres veces más que el patrimonio medio del conjunto de los contribuyentes afectados por este gravamen, que rondó los 3,5 millones de euros.
Tras Madrid, exceptuando a País Vasco y Navarra –sin datos disponibles por gozar de regímenes fiscales propios–, se situarían Galicia, con un patrimonio medio de 6 millones, y Baleares, con 3,9 millones. A la cola estarían Aragón (1,7 millones de patrimonio medio declarado) y Extremadura, con poco más de 2 millones. En Cataluña, la región con la mayor proporción de declarantes, el patrimonio medio rondaría los 2,7 millones, cifra muy similar a la riqueza media de Andalucía. En la Comunidad Valenciana, otra de las autonomías con más peso, el patrimonio estaría alrededor de los 3 millones.
El indiscutible liderazgo de Madrid, a tenor de los datos, se explica en parte por el diseño del impuesto, ya que con diferentes fórmulas las regiones pueden conservar o atraer a las grandes fortunas a sus jurisdicciones.
El gravamen a la riqueza por antonomasia afecta a los contribuyentes que poseen bienes por un valor superior a los 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual hasta los 300.000 euros, aunque en algunas regiones estas cifras cambian ligeramente. Grava en definitiva el patrimonio neto de las personas físicas, es decir, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que el contribuyente es titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales por las que se deba responder.
Sin embargo, su gestión recae directamente sobre los Gobiernos regionales, que tienen la capacidad de bonificarlo en mayor o menor medida para reducir su impacto final sobre los contribuyentes. Eso anunció precisamente el viernes la Xunta de Galicia, que ampliará en 25 puntos porcentuales, hasta el 50%, la bonificación regional.
Madrid es la única de España que bonifica al 100% el impuesto, acabando en la práctica con él. Es decir, los contribuyentes de la región que cumplen con los requisitos fijados están obligados a declarar su patrimonio, pero no tienen que pagar la cuota correspondiente.
La decisión que tomó en 2011 la región hoy gobernada por Isabel Díaz Ayuso ha sido objeto de gran polémica, tanto a nivel autonómico como estatal. El Gobierno central y varias autonomías acusan a la región central de promover una competencia fiscal a la baja, atrayendo con esta medida a los grandes patrimonios y fomentando cambios de residencia por motivos fiscales.
Los datos de la Agencia Tributaria sugieren que estos movimientos hacia Madrid se dan principalmente entre los contribuyentes más acaudalados. Desde 2012, un año después de que la región central bonificase totalmente el impuesto, el patrimonio medio de sus declarantes ha crecido un 30% desde los 7,9 millones de euros. En España, el aumento medio ha sido del 18%.
El porcentaje de liquidantes que abonan el impuesto sobre el total de los declarantes también da forma a esta idea. De todos los contribuyentes que tienen que declarar en España abonan el impuesto el 87%. Sin embargo, el porcentaje de liquidantes va reduciéndose a medida que aumenta el patrimonio, lo que muestra que las grandes fortunas se concentran allá donde se suprime el impuesto.
En 2020, los contribuyentes con hasta 1,5 millones de patrimonio pagaron el tributo en el 94% de las ocasiones, los que oscilan entre los 1,5 y los 6 millones lo hicieron el 87% de las veces, y los que se mueven entre los 6 y los 30 millones lo liquidaron en la mitad de los casos. Las grandes fortunas con más de 30 millones, sin embargo, lo abonaron en un 35% de las ocasiones. Esto muestra que el 65% de los más ricos residían en Madrid.
Reformas
El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando quedó bonificado al 100% en toda España. Tres años después, y debido a los estragos de la crisis que siguió al estallido del boom inmobiliario, fue recuperado por el mismo Ejecutivo y prorrogado por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El actual Gobierno de coalición, tras aparcar temporalmente la reforma tributaria, trabaja ahora en un gravamen temporal y especial sobre las grandes fortunas y tiene comprometida con Bruselas la reforma fiscal para el año 2023.
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